Partimos de la base de que la Argentina está en default desde el año pasado” y, además, “ya estimábamos que (el país) no podía pagar nada en los próximos años. Con el coronavirus, menos aún”.
Así, el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantaba tácitamente que el Gobierno no pagaría los USD 500 millones de los bonos globales que vencen el 22 de abril y que haría uso de los 30 días de plazo que brindan las condiciones de emisión antes de declarar la cesación de pagos.
Guzmán hablaba por radio El Destape y el domingo lo había hecho con Horacio Verbitsky en lo que se puede interpretar como una inclinación hacia el kirchnerismo para preparar el terreno en el camino hacia el default.
Los bonistas ya adelantaron el rechazo de la propuesta que lanzó el Gobierno para un canje de bonos en lo que podría considerarse el inicio tradicional de cualquier negociación de este tipo.
El Gobierno pide tres años sin tener que pagar nada. Los bonistas piden menos plazo y algo de efectivo. Guzmán propone un cupón de 2,3% anual para los nuevos bonos, los fondos pretenden 4%.
Los expertos empezaron a afinar los cálculos de la propuesta de canje y a enfocarse en lo que es el punto clave: la tasa de salida, o sea, cuánto rendirían los nuevos bonos para un tenedor actual.
Un informe especial de Quantum, la consultora de Daniel Marx, sostiene que si esa tasa es de 10% anual el valor promedio de los bonos será de USD 42,6 por cada lámina de 100, más cerca de lo que quiere el Gobierno. Pero si la tasa de descuento fuese de 12%, los bonos cotizarían a USD 34,2, más parecido a lo que pretenderían los bonistas.
Entre 34 y 42 dólares está la clave de la negociación. ¿Es demasiado amplia la diferencia? Un ex negociador de deuda sostiene que no y que hay muchos instrumentos para llegar a un acuerdo como sería partidario el presidente Alberto Fernández.
El cruce de mensajes entre el Gobierno y los acreedores deja un saldo estimado de 60% de opiniones que creen que el Presidente evitará caer en default y un 40% que considera que la cesación de pagos total es inevitable basándose en la frase de Guzmán: “La Argentina no va a poder volver a los mercados rápido”. Y no lo haría no sólo en el caso de que naufraguen las primeras rondas de las negociaciones con los bonistas sino, también, por el fuerte desequilibrio de su macroeconomía.
El déficit fiscal de marzo se multiplicó por diez respecto del mismo período del año anterior ($124.727 contra $13.037 millones) como consecuencia del aumento del gasto para atender la crisis del coronavirus, y la caída de la recaudación por la parálisis de la actividad de prácticamente la mitad de la economía por la política de aislamiento obligatorio.
Pero marzo fue un botón de muestra. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sintetizó lo que viene al decir: “Lanzamos programas que llegan al 3% del PBI, prácticamente $900.000 millones”. Una verdadera lluvia de pesos.
La política de emisión intensiva que comenzó el mes pasado con la decisión del Banco Central de desarmar las posiciones de letras de liquidez (leliq) por $350.000 millones y que siguió con la asistencia al Tesoro por otros $180.000 millones constituyó una inyección inédita de pesos que, como era de esperar, comenzó a a impactar en distintas variables económicas.
La teoría sostiene que cuando los pesos sobran, tarde o temprano, se reflejan en el nivel de precios o en el dólar pero, por lo excepcional del momento, las consecuencias están en discusión sobre sus consecuencias de corto plazo. A modo de síntesis extrema podría decirse que la economía argentina se debate en estos tiempos entre hiperinflación e hiperrecesión.
Los que alertan por elevado nivel de emisión y su impacto en la inflación son rebatidos por los que argumentan que lo peor es que la economía (estiman que podría caer mas de 6%) implosione por la falta de financiamiento para reanudar la actividad. Alberto Fernández se ubica claramente en la segunda posición y lo demostró esta semana con el lanzamiento de plan de facilidades para que las empresas puedan pagar parte o la totalidad de los salarios.
Frente a la inflación, el Gobierno apuesta a que la recesión y el atesoramiento de pesos, por parte de la gente por precaución, actúen como moderadores de las subas. Un panorama delicado y de día a día.
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