En frente de la Maternidad Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, un grupo de profesionales autoconvocados se manifestó en contra de la nueva resolución ministerial por la cual el personal de salud -que trabaja en el ámbito público y privado- debe alternar de hospital solamente cada diez o quince días. Los trabajadores objetan que dicha medida genera sobrecarga laboral y obstaculiza el derecho de los pacientes a ser atendidos por un mismo experto a cargo.
“Todo este cambio nos obliga a realizar más guardias por semana; por ejemplo, antes teníamos una, pero ahora tenemos que realizar al menos dos para poder cubrir a los que se ausentan. Esto es demasiada presión para el poco personal que somos”, explicó a El Litoral la doctora Fabiana Galloso.
Su aseveración resume la preocupación de más de 50 profesionales de diferentes áreas del hospital maternal, que se ven obligados a trabajar en diferentes centros de salud, la denominada situación de pluriempleo que se registra en la mayoría de los hospitales. “Trabajamos en el sector privado porque no damos abasto con el sueldo público. No somos estrictos en decir que no, queremos conversar una solución”, indicó la doctora.
Otro de los puntos que genera malestar es la obstaculización al derecho de los pacientes de ser atendidos por un mismo profesional a cargo. En este sentido, los trabajadores expresaron: “El Ministerio de Salud Pública, con la connivencia del sector privado, de manera arbitraria y en nombre de la crisis epidemiológica, nos obliga a abandonar a los pacientes que controlamos en las instituciones privadas como públicas, violando su derecho de ser atendidos por el profesional que los controla. En el caso particular de las pacientes obstétricas, recordemos que son controladas durante nueve meses por un mismo profesional, algunas de las cuales incluso son de riesgo y con las que se establece un vínculo, que hoy se nos obliga a abandonar”.
Estos puntos fueron detallados en una carta que será presentada hoy en el Ministerio de Salud Pública. En dicha misiva solicitan que “se dé marcha atrás al ‘Acuerdo Articulado Público-Privada (covid-19)’ ya que quebranta de manera soslayable el acto médico en su definición, llevando con él la posibilidad de futuras demandas legales, que no serán solventadas por el ministerio. Es por eso que hacemos saber nuestro enfático rechazo y repudio a tal medida, como un aviso previo a futuras medidas de mayor concientización”, resumieron.
(MS)
