El juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda suspendió la audiencia indagatoria al exfiscal federal Benito Pont, que adujo problemas de salud. La indagatoria había sido solicitada por la Fiscalía Federal con asiento en esa ciudad, interinamente a cargo del fiscal Aníbal Fabián Martínez, junto con el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes Carlos Schaefer y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, que intervienen como coadyuvantes.
En la causa se investiga a Pont por los delitos de encubrimiento, en la modalidad de favorecimiento personal por acción y omisión de denuncia agravado por su condición de funcionario público, y atentado a la autoridad. En otro expediente el exfiscal federal está procesado y a la espera del juicio en una investigación por trata de personas. Allí se lo acusó de dar protección y “blindaje judicial” a distintas organizaciones delictivas que se dedicaban a la trata. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado, 38 mujeres en situación de vulnerabilidad fueron explotadas sexualmente en diferentes locales nocturnos de Paso de los Libres y Pont se dedicaba a desviar y dilatar todas las investigaciones que tenía a su cargo.
Esta pesquisa en particular en la que se requirió la indagatoria de Pont se inició por una denuncia realizada por Protex. De acuerdo con lo que expresó un integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con jurisdicción en Paso de los Libres, el exfiscal lo amedrentó para que abandonara una línea de investigación que estaba llevando adelante por lavado de dinero y contrabando. Específicamente, solicitó que excluyeran a un supuesto amigo suyo de la investigación sin otro motivo o justificación que esa amistad.
A pesar de la amistad que supuestamente unía a Pont con uno de los involucrados, el entonces fiscal no se excusó y solicitó información para luego entorpecer y obstaculizar cualquier tipo de avance. Al hecho de no cumplir con lo pedido por la PSA se le sumó el presunto amedrentamiento sobre los funcionarios que estaban involucrados de manera directa en la persecución del delito. “Una suerte de mundo al revés, en donde un fiscal usa fuerzas de seguridad para no perseguir”, marcaron los fiscales.
(NG)
