Se espera que, en los próximos días, el Poder Ejecutivo Nacional convoque finalmente al Congreso a sesiones extraordinarias, período que se extendería desde el 20 del corriente mes hasta marzo y en el que los legisladores solo podrán tratar aquellos proyectos habilitados por el presidente de la Nación. De acuerdo con lo que ha trascendido hasta el momento, los temas que propondría la Casa Rosada distarían bastante de ser los que la sociedad viene reclamando insistentemente.
El Poder Ejecutivo pondría especial interés en que el Congreso debata y sancione una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional su actual composición por la preponderancia del sector político que desbalanceó y desnaturalizó su funcionamiento. Se trata de otro manotazo de ahogado para seguir controlando al Poder Judicial. En dos oportunidades la Corte ya había enviado señales claras, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como de Cristina Kirchner para que la ley modificatoria fuera sancionada, sin que el Poder Legislativo cumpliera con esta asignatura pendiente.
Fuera de esa cuestión, el presidente tendría previsto habilitar el tratamiento de varias leyes, entre otras, las de hidrocarburos, desarrollo agrobioindustrial, electromovilidad, promoción de la industria automotriz, el régimen de incentivo a la construcción y acceso a la vivienda y de “compre argentino”, dirigidas a reactivar la economía. Además de la del Consenso Fiscal 2022, también aguarda ser sancionado el proyecto de régimen fiscal para pequeños contribuyentes y el monotributo.
No se descarta que, si se concreta antes de marzo, el Congreso aborde el eventual acuerdo de renegociación de deuda entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a que el Ejecutivo había prometido que el proyecto de plan plurianual llegaría al Poder Legislativo durante el mes último, ello no ocurrió y tampoco se conocieron sus lineamientos. Todo indica que quedará sujeto a las negociaciones que en las próximas semanas se mantengan con el FMI.
Lamentablemente, mientras es probable que el Congreso quede enfrascado en largas discusiones económicas sobre las cuales será difícil que arribe a consensos rápidos en el corto período de sesiones extraordinarias, se estaría desaprovechando otra oportunidad para que los legisladores traten cuestiones bastante más importantes y simples que reclama desde hace tiempo, y reiteradamente, la ciudadanía: entre ellas, las leyes de boleta única y de ficha limpia, cuya implementación no resiste más demoras. No menos importantes son la ley de extinción de dominio, la derogación definitiva de las jubilaciones de privilegio y la anulación de los fueros parlamentarios por delitos económicos que persiguen poner fin a los abusos y a la corrupción política.
También es urgente derogar la última ley de alquileres, de resultados nefastos, generadora de una retracción de la oferta de viviendas con el consiguiente aumento de precios de los alquileres.
Un párrafo aparte merece el demorado proyecto de juicio en ausencia que sigue poniendo en evidencia la complicidad oficial respecto de crímenes como la voladura de la Amia. La presencia del líder iraní Mohsen Rezai, buscado por Interpol, en la asunción del dictador nicaragüense Daniel Ortega, de la que también participó el embajador argentino Daniel Capitanich, confirma la connivencia de regímenes dictatoriales y de nuestro gobierno con el terrorismo.
Resulta imperioso habilitar la discusión parlamentaria de una de las más delicadas cuestiones que comprometen el futuro de la Nación y que se ha agravado con la pandemia: el problema educativo. Con enormes asimetrías dentro del sistema, los resultados de las evaluaciones son lapidarios. Unos 600.000 alumnos que no regresaron a las aulas y dramáticas proyecciones sobre deserción escolar —cuya responsabilidad se insiste disparatadamente en atribuir a los “ricos”— abonan también el preocupante desfase entre el aprendizaje formal y las demandas laborales.
Bregamos por que la incorporación de referentes educativos al Congreso asigne prioridad al debate y acuerdos sobre políticas que nos conduzcan, sin más demoras, hacia transformaciones profundas en el mediano y largo plazo.
Ungidos por el voto popular, los legisladores deben atender los reclamos y las expectativas de una sociedad cansada de postergaciones.
