La Corte Suprema invadió a los demás poderes del Estado”, sentenció Juan Martín Mena, exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), actual viceministro de Justicia de la Nación, ante el reciente fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 que desbalanceó el Consejo de la Magistratura.
El juez Juan Ramos Padilla, quien calificó de “delirante y golpista” el referido fallo, impulsa la marcha contra la Corte convocada para pasado mañana. “Sacaremos este poder que afecta la soberanía, el desarrollo y la paz de nuestro pueblo”, amenazó.
El viceministro de Justicia y el juez ignoran que corresponde al Poder Judicial ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Ese principio, aplicado por primera vez por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene un siglo y medio de vigencia y constituye uno de los pilares de nuestro sistema republicano. Los miembros de la Corte no son elegidos ni removidos por regla mayoritaria como los integrantes de otros órganos políticos, explicó el constitucionalista Roberto Gargarella al referirse a la “objeción democrática” que se interpone en la cuestión, justamente para contar con la independencia necesaria para ejercer esa potestad de control de constitucionalidad.
El kirchnerismo más duro impulsa la movilización desconociendo el juicio político como instrumento para remover jueces y lo hace falsamente amparado en la que definen como una demanda social que busca “aumentar el control popular”, evitar que se apliquen “leyes contra el pueblo” y “democratizar la justicia”. El artículo 121 de la constitución cubana establece que los tribunales están subordinados a la Asamblea del Poder Popular y al Consejo de Estado. ¿Será el modelo que buscan imponer al presionar a la Corte? Nuestra Constitución Nacional señala que “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete el delito de sedición”, una figura penal de inusitada gravedad.
La diputada camporista Vanesa Siley y sus pares Leopoldo Moreau y Hugo Yasky, Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, el embajador Ricardo Alfonsín y organismos de derechos humanos apoyan la movilización. Roberto Baradel, conductor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, confirmó la presencia de la entidad, pero no todos los gremios asumieron la misma postura. También los muy desacreditados Pablo y Hugo Moyano, que, parece una ironía, se consideran víctimas de persecución judicial, reclamarán la renovación del tribunal. Luis D´Elía y Hebe de Bonafini, que más de una vez cuestionaron a los “gordos “cegetistas, hoy se les unen para “echar a todos los miembros de la Corte”. Con su violencia acostumbrada y “finos” modos, Bonafini vociferó: “Tenemos que ser muchos, que se note y que les duela; que les moleste”. Lo pregona subida a un tren fantasma de impresentables, muchos de ellos con prontuarios delictivos, conocidos por sus prepotencias y procederes antidemocráticos.
El propio presidente Alberto Fernández fijo posición al afirmar que “con la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio”. Sin la más mínima autocrítica, el jefe del Estado parece no querer darse cuenta de que, si hay un poder que realmente funciona muy mal hoy, es precisamente el Poder Ejecutivo que él representa.
La independencia de los poderes republicanos y el control de constitucionalidad de las leyes siempre será un problema para quienes solo desean gobernar por decreto y burlar a la Justicia. Profesores de Derecho de todo el país rechazaron la marcha y programaron un encuentro en defensa del máximo tribunal para dos días después. Destacaron la gravedad de que integrantes de los tres poderes del gobierno federal, con el expreso aval del presidente de la Nación, apoyen la iniciativa destituyente en abierta violación de la separación de poderes que fija la Constitución.
El Colegio de Abogados de Corrientes repudió la marcha y alertó sobre la gravedad del nuevo ataque al Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó de igual modo los dichos de Alberto Fernández. La institucionalidad peligra. Aquel “vamos por todo” recobra fuerza y el tren fantasma que marchará contra la Corte Suprema amenaza con sumergirnos aún más en otro tramo oscuro de difícil retorno en nuestra convulsionada historia.“Democratizar” nunca será instaurar una garantía de impunidad. Está en cada uno salir de la anomia y la comodidad para hacernos cargo activa y mancomunadamente del futuro de la Nación. Sí a la república. Sí a la justicia independiente. Mañana puede ser tarde.
