De las últimas informaciones pareciera consolidarse la postura de que las tarifas eléctricas y de gas tendrán aumentos acotados a un 20% en el año. Muy por debajo de la inflación proyectada y de la inflación acumulada. También hay especulaciones que los aumentos convalidados por los entes reguladores intervenidos sólo beneficiarían a los segmentos tarifarios de transporte y distribución.
No hay mayores novedades sobre los aumentos que alcanzarían a los precios de la electricidad mayorista y a los precios del gas natural. Están congelados en un contexto de inflación creciente desde abril del 2019.
Consultoras de exfuncionarios del gobierno de la administración de Cristina Fernández de Kirchner han estimado que las tarifas de energía eléctrica deberían subir este año 79% y las de gas 81% para que los subsidios a la energía no superen el 1,9% del PBI, y así consolidar un escenario consistente con el déficit primario acordado.
Según estimaciones propias los subsidios energéticos que en el 2019 totalizaron USD 4931 millones, subieron en el 2020 a USD 6607 millones y alcanzaron casi los USD 11 mil millones el año pasado. Un 70% de esos subsidios corresponden a la electricidad.
Si el 20% de aumento va para los segmentos regulados de gas y electricidad, que hasta ahora no están subsidiados (aunque se acumula en Cammesa una deuda gigantesca de muchas distribuidoras por la compra de electricidad), mantener congelados los precios de la electricidad y del gas mayorista haría trepar la cuenta de subsidios energéticos este año a los USD 15.000 millones.
Para mantenerlos en niveles semejantes a los del año pasado, de manera que reduzcan su incidencia en el producto proyectado anual, no queda más remedio que añadir a los aumentos anunciados, nuevos aumentos para los precios del gas y de la electricidad con una incidencia de alrededor del 60% en las facturas que reciben los consumidores residenciales. Los usuarios residenciales están pagando alrededor del 27% del costo de generar la electricidad mayorista, y un 32% del precio del gas mayorista.
El proyecto de segmentación tarifaria para hacer pagar tarifa plena (sin subsidios) a 580.000 usuarios eléctricos de Caba y Gran Buenos Aires, no termina de cerrar ni en su racionalidad técnica ni en su viabilidad jurídica. Para focalizar subsidios en quienes lo necesitan la ya existe la tarifa social.
La épica de la lucha contra el Fondo y las supuestas “imposiciones” del organismo para reducir los subsidios, en realidad pone en evidencia las falacias con las que el oficialismo volvió a engañar a muchos argentinos para repetir en energía los errores de política que habían llevado a la anterior crisis energética que legó la actual Vicepresidenta.
La primera falacia es asimilar la electricidad, y, por ende el servicio energético en general, con un bien público, a semejanza de la Justicia, la Defensa, la educación o la salud. La electricidad no es un bien público en sentido económico. Los bienes públicos se caracterizan porque su uso o consumo por parte de una persona no excluye el consumo por parte de otro. Con los bienes públicos también opera una segunda falacia exacerbada por el relato populista. Como no recibimos la factura mensual del servicio de Justicia, de Defensa o de los hospitales o colegios y universidades públicas, que se financian vía presupuestaria, se ha instalado la idea de que los bienes públicos son “gratuitos”. Ergo, si la provisión de la electricidad y del gas natural se asimilan a un bien público: ¿Por qué no asumirlos como gratuitos? En realidad se debería hablar de universidad o educación pública de acceso libre, y de salud pública de acceso universal, porque ninguno de los dos es gratuito. Su financiamiento vía impuestos que pagamos todos los argentinos, pone de manifiesto que tienen un costo que los contribuyentes deben solventar. Por eso los que pregonan “energía de acceso libre y gratuito” le mienten dos veces a la sociedad: primero asimilando a la energía a un bien económico público, y luego instalando la idea errónea que como bien público debe ser gratuita.
La tercera falacia cruza transversalmente la política: “Nadie gana elecciones aumentando tarifas”. Como hay elecciones cada dos años, la demagogia y el populismo terminan entrampando sectores capital intensivos en políticas cortoplacistas. Con inflaciones crónicas los deterioros tarifarios se agigantan y, después, bajo este apotegma: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Temas del día:
