El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, aseguró que analizan la construcción de las oficinas Judiciales, el alquiler o la compra de un edificio para la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la ciudad de Corrientes que debía comenzar a regir a inicios del 2022.
El Nuevo Código Procesal Penal que rige desde el 2019 y que se ejecuta de modo progresivo en toda la provincia solo resta implementarse en la Primera Circunscripción Judicial compuesta por Capital, Bella Vista y Saladas. En Capital la normativa no se aplicará a inicios del 2022 como estaba planificado en primera instancia por problemas edilicios.
Y a cuatro meses de la apertura de sobres de la licitación para la construcción de oficinas judiciales en la ciudad de Corrientes, más precisamente en el predio Onabe (avenida Juan Ramón Vidal 2080 de Capital), El Litoral dialogó con el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri quien indicó que “estamos viendo las distintas alternativas, ya se hicieron todas las entrevistas del personal posible de integrar la oficina judicial pero hay que ver el tema edilicio. Hasta hoy no se construyó nada, eso no significa que en el próximo Acuerdo (que se realiza el martes) haya alguna decisión que considere oportuno empezar a construir. Pero hay tres alternativas de construcción, alquiler e incluso una de compra. Estas tres son las posibilidades”.
“La obra está licitada y adjudicada, lo único que habría que hacer es redeterminar los precios, porque son costos de octubre del 2021. Pero tenemos la segunda alternativa de alquiler y también la de compra”.
Consultado sobre la posibilidad de compra de un edificio para la implementación del nuevo código, cuando del anteproyecto que aprobó la Corte provincial ascendió a 14,7 mil millones de pesos, pero se aprobó un presupuesto de $12.585.709.494,00 para el año en curso, Pansieri dijo que “en el presupuesto está articulado con una serie de rubros, de partidas y de situaciones relacionadas por ejemplo a recursos humanos, servicios y compras. Dentro de ese presupuesto tenemos, un mil doscientos millones para refacción, compra y construcción, que es el primer presupuesto del año 2019, que contempla un monto parecido a los efectos de la implementación y no solamente para el Código Penal, sino también para el Civil. Porque cuando construimos una sala de audiencia y lo hacemos pensando también en el nuevo Código Procesal Civil”.
“El 82 por ciento del presupuesto se lleva la masa salarial, pero no podemos redireccionar estos fondos a ese sector, salvo que tomemos la decisión de no gastar o que pase algo como un tsunami que nos obligue a hacerlo”, agregó.
Cabe señalar que la para la construcción del edificio estaba prevista una inversión de $200 millones y contempla también una alcaldía de tránsito para 24 reos.
En cuanto a los oficinas judiciales en el resto de la provincia para la implementación de las legislaciones dijo que “en este momento en el interior de la provincia se están construyendo cinco obras y ahora a mediados de febrero tenemos que licitar y llevar adelante cinco obras más y cada una tiene sus problemas, su monto y la características particular de cada localidad”.
Sobre una fecha estimada de la definición sobre el lugar desde el cual se implementará el Código Procesal Penal en la ciudad de Corrientes, Panseri dijo que “espero que esto se resuelva el martes (día de Acuerdos). Siempre espero que los martes sean una bendición al proceso, pero a veces se da y a veces no. Los martes insisto sobre los temas que me preocupan y se retrasan”.
Hasta el momento el nuevo Código Procesal Penal ya rige en las circunscripciones judiciales 2, 3 y 4 y 5 desde el 1 de julio de este año, quedando pendiente su aplicación en la Primera Circunscripción Judicial compuesta por Capital, Bella Vista y Saladas, cuya entrada en vigencia se estima para mediados del 2022.
