La familia Aguirre fue la que sufrió durante varios años el proceso de investigación y el juicio acusada de integrar una asociación ilícita con división de roles, dedicada al cobro de coimas, lavado de dinero y contrabando de bienes en la ciudad de Paso de los Libres.
Al culminar el debate les dictaron la absolución luego de haber pasado un verdadero calvario. Gustavo Aguirre es hijo de Ricardo, que fue el principal afectado, y contó los detalles en la radio 99.9: “Somos oriundos de Mercedes y en el año 80 mi padre se radica en Paso de los Libres abriendo su primera agencia de autos. Desde entonces, siempre vendiendo autos. En 2016 se estaba investigando a unos supuestos cambistas que tenían relación con aduaneros, una megacausa, y a un señor de la PSA de apellido Velázquez se le ocurrió decir que por dichos de vecinos tendríamos una vinculación con ellos porque uno de los cambistas nos compró dos o tres autos en tres años”.
No hubo respaldo de ninguna prueba en la causa, pero avanzaron como si fueran absolutamente culpables: “No había escuchas, no había pruebas y nos cerraron la agencia, mi padre estuvo preso y nos sacaron todos los bienes, un horror. Todo esto con una jueza subrogante que quería ser tapa de diario y le creyó a Velázquez que pinchó teléfonos sin orden judicial y nos hizo vivir una pesadilla, porque recién ayer pudimos terminar de demostrar nuestra inocencia. En Argentina se terminó el principio de inocencia, no esperábamos otro resultado, fuimos a un juicio oral y público donde nos absolvieron”.
Después de seis años de un largo proceso, con su padre durante un tiempo en la cárcel, Aguirre dice que hubo un ensañamiento con su familia: “Muchos aduaneros fueron condenados, la mayoría, los supuestos cambistas también y nosotros que no teníamos nada que ver quedamos absueltos. Fue como una persecución, un ensañamiento. Mi padre estuvo dos años y medio preso con un problema cardíaco. La jueza fue denunciada hasta por los mismos empleados del juzgado por malos tratos”.
Lo paradójico es que los autos que les secuestraron en la concesionaria, los utilizaban funcionarios de Gendarmería, entre otros: “A nosotros nos secuestraron un Mercedes Benz y la jueza le dio de depositario judicial al comandante de Gendarmería”.
“Nosotros vivimos en una ciudad chica e íbamos a los actos del colegio de mi hija y veíamos que la hija del comandante llegaba con el auto de la concesionaria nuestra. No solamente esto, sino que viajando casi mata a una familia en un choque, porque iba a 200 kilómetros por horas. Así están todos, hay 60 autos tirados en Gendarmería, nuestra agencia con todos los vidrios rotos, te dejan en la calle”.
Para Aguirre, la única solución para que esto no siga sucediendo es generar una ley a través de la cual los funcionarios tengan que responder con su patrimonio ante situaciones de este tipo: “Esto pasará mientras no haya una ley donde los jueces, fiscales y la gente de la fuerza respondan con su patrimonio. Sino alguien de la fuerza se levanta mal un día y te arman una causa, total paga el Estado”.
Hoy sienten un alivio porque la Justicia les ha dado la razón, pero todo lo que han pasado ya no se podrá borrar: “Nunca nos imaginamos, nos levantamos un día y éramos Pablo Escobar. Nos enteramos las causas por los medios, porque nadie te dice nada. Todo era mediático y muy triste ver el esfuerzo y el sacrificio de uno arrebatado como si fuera un trofeo de guerra”.
Cabe recordar que en el juicio se condenó a 14 personas a penas que van de los tres a los cinco años y seis meses de prisión.
Los jueces dispusieron el decomiso de inmuebles y objetos que fueron utilizados para cometer los delitos.
(NG)
