La Fiscalía Correccional N° 2 investiga de oficio una supuesta usurpación en el asentamiento La Tosquera. La versión del intento de toma provino de representantes del Fideicomiso Santa Catalina, que alertaron a la Comisaría 15ª de la ciudad.
María Andrea Gonzalez, fiscal a cargo del caso, indicó que se inició una acción penal contra una familia que había ingresado hacía dos días en el asentamiento. La Justicia actuó ante la situación para conocer el estado general del conflicto.
En el asentamiento hubo una confusión que, según la fiscal, ocurrió porque algunos referentes sociales les dijeron a los vecinos que iban a desalojar de forma masiva y como forma de protesta, los vecinos tomaron terrenos. También lo hicieron en apoyo a una familia que supuestamente iba a ser desalojada. Acción que no se concretó tras la llegada de Gonzalez a La Tosquera.
“El hecho ocurrió el viernes por la tarde, al día siguiente me comunican la situación. Doy instrucciones a la comisaría correspondiente para que inicie de oficio la investigación. Las primeras diligencias que se hicieron, como en cualquier usurpación que tomamos conocimiento, fue la constatación y un sondeo vecinal esperando a que el fideicomiso Santa Catalina presente toda la documentación”, sostuvo la fiscal.
En ese sentido, tras recibir la documentación, se concretó un sondeo vecinal y ahora queda por tomar una decisión.
“Se pide la orden de desalojo y no significa que el juez la ejecute de forma inmediata porque el Juzgado tiene que darles intervención a Desarrollo Social y a la Asesoría de Menores”, contó Gonzalez a El Litoral.
Los vecinos le comunicaron a la fiscal que estaban en contra de que desalojaran a todos en el barrio, pero ella insistió en que no se encontraba en el lugar por esa cuestión, y que en ningún momento se buscó proceder de esa forma.
“Los vecinos aledaños a ese lugar van e ingresan al terreno y le dicen a los policías que hicieron una toma pacífica. Entonces, me constituí en el lugar porque me di cuenta de que la gente estaba actuando en base a la influencia de distintos referentes sociales”, contó la letrada.
Asimismo, indicó que más allá de los derechos humanos y los derechos a la propiedad que se pueden ver afectados en situaciones como está, los ciudadanos tienen un límite que es el delito y por más de que no tengan hogar no pueden ingresar a un terreno ajeno porque es ilegal.
“El Registro Nacional de Barrio Populares (Renabap) tiene diagramados los barrios que forman parte de los registros, mientras no estén las presentaciones y no pongan en conocimiento a la fiscalía donde están esos barrios, tenemos que pedir los desalojos. Igual una vez que tengamos conocimiento se va a avalar la suspensión de estos. Nosotros no podemos estar condicionados para actuar en base a los asentamientos. Es un problema habitacional que lo deben resolver otras aristas del Estado”, dijo la fiscal.
Las personas que estaban tomando el lugar al constatar “con tres vecinos, que tomados al azar, dijeron que vivían allí hace más de 10 años, y no hace dos días como manifestaron desde el fieicomiso.
“Desistimos del desalojo en ese momento porque entendimos que no hubo una ocupación ni toma de terreno sino una protesta a favor de esa familia que ellos habían tomado conocimiento que iba a ser desalojada”, concluyó Gonzalez.
Finalmente comunicó, que ahora todo está en manos del juez y que tomará una decisión del caso en base a las actuaciones del hecho.
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