Corrientes participó del debate sobre la ley de alquileres. Hubo una nueva intervención por la postura de los inquilinos, tras la intervención de empresarios semanas atrás.
En el Congreso de la Nación se debate una modificación de la ley de alquileres, sancionada en junio del 2020. A menos de tres años de su promulgación, el sector inmobiliario ganó la puja para su revisión.
Por la postura de los inquilinos, desde Corrientes participó esta semana Vanesa Falcón, quien es miembro de la Red de Derechos Humanos.
Expuso ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Me invitaron a poner en palabras la gran problemática que vivimos más de 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país”, comenzó.
Falcón consideró luego que “es imprescindible la intervención del Estado en la regulación del sector y que la actual normativa no ha tenido una aplicación efectiva desde su promulgación.
Agregó que “el acceso al techo digno es un derecho humano universal, sin embargo somos conscientes de que en nuestro país, en las últimas décadas, ese derecho ha sido relegado, mientras que de forma paralela la vivienda se fue convirtiendo en una mercancía”.
En representación de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, recordó que, según el Indec, en marzo una familia necesitó casi 90.000 pesos para no ser pobre, sin embargo el indicador no incluye los gastos de alquiler de vivienda.
“Tanto en Corrientes como en otras provincias, por los sueldos bajísimos con los que se cuenta, alquilar significa destinar entre el 50 y 60 por ciento del salario a garantizar un techo digno”, advirtió.
Al dirigirse a los diputados nacionales, Falcón pidió que las modificaciones de la ley “sean a favor del sector más vulnerable y desprotegido de las últimas décadas, que es el sector de los inquilinos y las inquilinas”, y que se mantengan los contratos por tres años.
“Hablo en representación de todas las inquilinas del país que son amas de casa y trabajadoras que anhelan más que nada contar con una vivienda en la que puedan permanecer como mínimo tres años para garantizarles un techo digno a sus hijos”, remarcó.
Alertó a los funcionarios que “debido a los aumentos de precios desmedidos, las familias buscan alquilar inmuebles acordes a sus salarios, lo que en muchos casos las empuja a tener que alquilar algo más chico, en condiciones precarias y hasta de hacinamiento”.
Falcón pidió garantizar la seguridad para los niños, niñas y adolescentes y la prohibición de desalojos forzosos.
La otra postura
Semanas atrás, referentes del sector empresario correntino también participaron de los debates con los legisladores.
Allí tuvieron la oportunidad de manifestar las disconformidades con la aplicación de la ley e hicieron propuestas.
La Cámara Inmobiliaria de Corrientes estuvo presente en Capital Federal por su participación en la federación nacional. Así lo explicó Marcelo López Ortíz, el presidente de la entidad local.
“Estuvimos reunidos en la Ciudad de Buenos Aires para plantear nuestras propuestas. Profundizamos en algunos errores que creemos que se pueden subsanar”, había señalado en diálogo con medios locales.
López Ortíz aseguró que una de las principales recomendaciones es que la actualización de los valores de los alquileres sea cada seis meses, y no cada 12, como es ahora.
“Atravesamos un contexto inflacionario desequilibrado. Por esto hay una tendencia que los contratos comiencen con un precio más alto”, reconoció.
“Estamos en un país con incertidumbre, por lo que los propietarios suben el valor para resguardarse”.
Por otro lado, opinó que el impuesto a la vivienda ociosa que se propone desde ciertos sectores “no soluciona el problema de fondo, desalienta al inversor”.
(IRB)
