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Entre la lógica clientelar y el asistencialismo

Por Marcelo Resico*

Publicado en Clarín

Argentina tiene un elevado índice de pobreza, de desempleo y de informalidad laboral. Las causas son múltiples, pero se destaca la incapacidad de la política pública de la mayoría de las administraciones por desarrollar una política anti-cíclica, que evite las recesiones con desempleo y la elevada inflación, así como un entorno favorable a la inversión y el desarrollo productivo.

Entretanto, en medio de las crisis recurrentes, y en particular a partir de la de 2001-2002, se han desarrollado diversas iniciativas que han partido de los más afectados. Estos han desarrollado estrategias de supervivencia, y a partir de ello vínculos de colaboración y cooperación, como por ejemplo cartoneros, recicladores, etc.

A este respecto, referentes de los movimientos u organizaciones, reclaman un nuevo enfoque: la “economía popular”. Surge de la reflexión sobre actividades económicas, muchas veces de supervivencia, que van desde diferentes iniciativas de organización y cooperación, a empresas auto-gestionadas por los empleados.

Los movimientos sociales surgieron de una situación de exclusión y desempleo, crecieron también con las crisis económicas. El instrumento para manifestar su reclamo es el recurso a la acción directa (piquetes, manifestaciones) para obtener lo que entienden como derechos básicos (recursos para alimentación, algunos beneficios, etc.).

Esto es análogo a los sectores sindicales, que mediante la acción directa (huelga) buscan negociar mejores salarios y condiciones de trabajo. La diferencia es que los segundos tienen empleo, en tanto los movimientos representan a sectores desempleados o excluidos. En base a dicha analogía los movimientos sociales entroncan con las tradiciones sindicales como la peronista o las de la izquierda.

Tanto el cooperativismo como el sindicalismo nacieron para reformar el capitalismo ofreciendo lógicas que lo socializaran o humanizaran, aunque siempre hubo una disyuntiva con quienes pretendían reemplazarlo por “otro modelo,” más difícil de definir (sin contar el experimento soviético terminado en 1989).

El cooperativismo se desarrolló en Europa en el siglo XIX apoyado por tradiciones comunitarias y llegó a nuestro país a fines del siglo XIX y principios del XX con la inmigración europea (por ejemplo, las cooperativas agrícolas). El sindicalismo se inicia de modo similar, pero conoce un fuerte impulso desde el Estado a mediados de los años 40 del siglo XX.

Propuestas de la economía popular pueden ser superadoras sobre el mero reclamo de derechos, dado que este último no sólo puede caer fácilmente en una lógica clientelar (subsidio por voto o apoyo político) sino también puede quedar en la trampa crónica del “asistencialismo” (se pide para las necesidades básicas, pero pasa el tiempo y no se supera la situación de necesidad y dependencia).

Los movimientos sociales pueden entrar, como los sindicatos y otros grupos de interés asociados a las empresas o al capital, en la lógica de ver al Estado como un “botín” y de alimentar un “corporativismo disfuncional,” que lleva a una puja distributiva sobre el gasto (o las políticas) público que se pone de manifiesto en un déficit fiscal crónico.

La economía popular propone fortalecer el empleo por sobre el pedido asistencialista, impulsar la cooperación y la representación de sus asociaciones para comunicar sus demandas.

El Estado puede asistir las necesidades mínimas de subsistencia, pero también fortalecer el empleo y el auto-empleo cooperativo, potenciando las capacidades y la productividad, generando un ámbito para una remuneración adecuada de los bienes y servicios provistos.

Por otra parte, el gasto público ha crecido demasiado, con poca eficacia y eficiencia, en la década de los 2000 (aproximadamente de un 30 % a un 40 % del PIB), lo que implica la necesidad de un diseño eficiente para este tipo de fomento a la producción, evitar las “filtraciones” clientelares, y generar condiciones de inversión productiva intensiva en empleo (lo que implica incluir decisivamente a las pymes en la ecuación). 

El Estado será más eficaz en tanto pueda cumplir dichas orientaciones, y se consiga limitar la pro-ciclicidad de la política macroeconómica.

* Director del Doctorado en Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA).

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