La Justicia ha sido declarada una de las principales zonas de ataque del Gobierno nacional, con un radar especialmente calibrado en las causas por presunta corrupción que pesan sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A tono con ella, y en inusual descarga de pirotecnia verbal, el presidente Alberto Fernández también puso la mira en los tribunales en embestidas que aturden justo cuando, por ejemplo, la economía le da otra cachetada a los argentinos que sufren las remarcaciones en las góndolas sobre la base de la disparada del dólar. Ayer superó la barrera de los 300 pesos.
El lunes la vicepresidenta había publicado una extensa carta titulada “Breve crónica de la decadencia”, en la que repasa el accionar del máximo tribunal desde que asumió Mauricio Macri. Fue en relación a este comunicado que el Presidente realizó sus comentarios este miércoles.
“He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”. Así comienza el hilo de Twitter que posteó el presidente Alberto Fernández para respaldar la embestida de su vice contra la Corte Suprema y el Poder Judicial.
Entre otros de sus filosos términos, la misiva de Cristina Kirchner dice: “Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía”.
Ahora bien, vale preguntarse ¿Es legítimo que justamente una funcionaria que debe rendir cuentas en la Justicia sea quien motorice estas críticas? Cuanto menos carecen de credibilidad sus descargas críticas.
Asimismo, solo con mucha inocencia podría hablarse de casualidad entre la iniciación de la etapa final del juicio a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz y la reciente vulneración de documentación crítica de los magistrados que integran ese tribunal. El acceso de desconocidos a oficinas públicas de la Administración General del Consejo de la Magistratura donde revisaron sobres lacrados con declaraciones juradas de magistrados y sus familiares constituye un atentado de una gravedad inusitada. Cabe preguntarse quiénes, en nuestro país, tienen la capacidad operativa para acceder a esa documentación. No se vislumbra otra finalidad que no sea la intimidación o extorsión. Si bien la documentación no fue retirada, bien pudo haber sido escaneada o fotografiada.
El hecho ocurrió durante el fin de semana largo de junio y afectó una de las áreas más sensibles del organismo judicial: la oficina que tiene bajo su custodia las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales.
La hipótesis de claras maniobras de intimidación se refuerza por la circunstancia de que de un total de 12.000 documentos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial solo se revisó una veintena de declaraciones entre las que se encontraban las de los tres magistrados que investigan a la vicepresidenta de la Nación en la causa Vialidad.
Ante estos antecedentes no extraña el silencio guardado por el Poder Ejecutivo respecto de lo ocurrido, ni que haya omitido solidarizarse con el Poder Judicial, ni la falta de reclamos oficiales de esclarecimiento del hecho. Raro, si se toma en cuenta la preocupación por la sanidad judicial que exudan las declaraciones de la Vicepresidenta y su presidente. Todo esto, a pesar de tener un gran respaldo para dirigir casos hacia el terreno baldío de la impunidad. Es así, ya que reciente,ente se conoció la decisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de abandonar su papel de querellante en la causa conocida como Vialidad, en la cual se investiga a Cristina Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita que defraudó al Estado mediante el direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz, en beneficio del pseudoempresario Lázaro Báez.
