Una correntina es acusada de homicidio agravado por el vínculo tras “dar a luz un feto muerto”, según sostiene su defensa legal, que intentará revertir la acusación. Busca demostrar que se trató de un caso de emergencia obstétrica y que no hubo perspectiva de género en todo el proceso.
Se trata del caso de Ana, una mujer de 30 años, de Esquina, quien enfrentará un juicio bajo la carátula de homicidio culposo agravado por el vínculo a partir del 1 de agosto en el Tribunal Oral Penal de Goya.
El Litoral dialogó con la abogada a cargo de su defensa, Natalia Ávalos, quien sostuvo que se trata de un caso de criminalización de una mujer en una situación de alta vulnerabilidad social: “Tuvo un parto en el hogar de un feto muerto”, aseguró.
Detalló que Ana quedó detenida en noviembre del 2021 en la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina, con la acusación de practicarse un aborto.
La abogada señala que Ana atravesó por una emergencia obstétrica: “Consideramos que lo que sufrió Ana es un parto domiciliario de un feto muerto. Si hubiera ocurrido en un hospital, la situación hubiera sido distinta”. Cuestionó el abordaje mediático que llevó a Ana a “padecer una condena social”: “Los medios de Esquina y de la zona difundieron sus fotos, datos personales y dirección, acusándola de matar a un bebé”.
Aseguró que la autopsia no indicó pruebas conclusivas de que el feto hubiera nacido con vida. Pero que a su defendida le fue negada tanto el cese de la prisión preventiva como la prisión domiciliaria mientras aguardaba el comienzo del juicio.
Remarcó que Ana ha presentado una conducta tranquila y manifestó el deseo de volver a su hogar para hacerse cargo de sus hijos.
Ávalos indicó que Ana no presentaba una obstaculización de los procesos judiciales cuando la investigación fiscal finalizó; como también está descartado el riesgo de fuga por no contar con los medios económicos. Siendo los únicos dos motivos por los que el Código Penal puede solicitar que espere el juicio en situación de encierro.
“Estamos hablando de una familia de bajos recursos en la que sus miembros no superan la instrucción de nivel primario. Ana tiene dos hijos a su cargo (11 y 6 años) y colabora en las tareas de cuidado de sus hermanos menores. Su ausencia del hogar afectó a la economía familiar, que se sostiene por la venta de comidas y trabajos temporales, changas”.
En este sentido, la letrada señaló que la acusación por aborto y la criminalización de la práctica son imputaciones que frecuentemente recaen sobre mujeres pobres. Además, alertó sobre “la falta de perspectiva de género en la justicia”.
Según el informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina”, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) contabilizan desde el 2012 a la fecha más de 1.500 causas judiciales en marcha por casos similares a los de Ana. Un tercio de las mujeres están presas y enfrentan la pena máxima de cadena perpetua.
Uno de los casos más resonantes fue el de Belén en Tucumán quién, tras sufrir un aborto espontáneo en el 2014, pasó 29 meses en prisión y fue condenada a 8 años. La Corte Suprema de Justicia de la provincia la absolvió tras la revisión de la condena y dictaminar su inocencia.
“También hay jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes por un caso parecido por la revisión de una sentencia de la Cámara de Mercedes, que comprobó en ese caso que el feto también estaba muerto al momento del parto”, precisó Ávalos.
En la primera etapa del juicio declararán los diversos testigos de la causa y tendrá lugar del 1 a 5 de agosto en el Tribunal Oral Penal de Goya.
El caso tomó relevancia nacional y recibió el acompañamiento legal y técnico de la organización federal “Libres las queremos”, así como del Ministerio de Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
