La sexta audiencia de los alegatos de la fiscalía en el juicio por sospechas de corrupción en las obras públicas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estuvo signada por las recusaciones formuladas en primer término por la actual vicepresidenta, que dejó al Tribunal en una encrucijada: dos de sus tres integrantes fueron cuestionados por la defensa.
Ante esta situación, también se defendió el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. En su duro descargo no solo desestimaron los argumentos de los abogados defensores, sino que señalaron que los mismos respondían más bien a una defensa política cuando ellos estaban realizando un alegato en el marco de un proceso penal.
Fue Luciani quien se refirió a la estrategia de la vicepresidenta centrada en el lawfare: dijo que era un “argumento falaz” y que con las recusaciones solo “buscaban callarlos”, que era más bien una respuesta “a la evidencia y pruebas expuestas en los alegatos que no es acorde a lo que desean”.
“Hubo un sistema de corrupción planificado que duró 12 años”, afirmó la Fiscalía y el propio Luciani se refirió a las publicaciones en redes sociales de la vicepresidenta al afirmar que intentan afectarlo psicológicamente.
Después de las respuestas, continuaron los alegatos, donde se hizo eje en los presupuestos destinados a obra pública. Allí la fiscalía dijo que el 30 % de las obras otorgadas a Lázaro Báez “no pasaron por el Congreso” y que para financiar esos contratos “se crearon circuitos administrativos carentes de todo control”.
Las audiencias continuarán el martes a partir de las 8:30.
El fiscal explicó que cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio oral dijo que todo lo vinculado a la obra pública era responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo porque era el encargado de aprobar los presupuestos que contenían esas obras. La expresidenta agregó que si había una asociación ilícita tenía que hacerse extensiva a los legisladores.
“El encargado de elaborar los proyectos de presupuesto y el encargado de controlar su ejecución es el Poder Ejecutivo. Ahí aparece la primer falacia porque el que fija las metas del presupuesto es el Poder Ejecutivo”, dijo Luciani y agregó: “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”.
El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kichner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año por dichas planillas
(JML)
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