El camarista Gustavo Hornos confirmó la condena a tres concejales de la provincia de Salta por cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia pese a su condición de funcionarios. De manera unipersonal, en base al nuevo Código Procesal Penal Federal, Hornos rechazó las impugnaciones y absolvió a otro concejal que había sido condenado. La causa había ingresado a la Cámara de Casación en junio de este año.
En la resolución Hornos confirmó las condenas de Paola Sandra Cantarella —a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional—, Jesús Ernesto Cuellar —a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional— y José Osvaldo Reynaga —a la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional— por el delito de fraude a la administración pública. En el caso de Reynaga fue condenado por ese mismo delito pero en grado de tentativa.
Hornos destacó que el delito fue cometido en medio de la pandemia. “Cobra especial relevancia mencionar nuevamente el contexto en el que las maniobras investigadas fueron ejecutadas. Es que la conducta reprochada a los nombrados se dio en el marco de una situación excepcional, como fue la emergencia sanitaria producto del covid, y las distintas medidas del Estado nacional”.
