Tras la condena a seis años de prisión al exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, la defensa espera los fundamentos de la sentencia. Y aclararon que ese veredicto de culpabilidad “es ilegal y absolutamente infundado”.
“Ya adelantamos que hemos planteado sinnúmeros de irregularidades en este proceso, arrancando por el juez natural: esta garantía constitucional de ser juzgado por un juez imparcial en el territorio que corresponde”, dijo la abogada Mariana Barbitta, y señaló: “Esta causa se inició producto de la Causa Sapukay, donde a nuestro entendimiento ya hay un problema de legitimidad”. Asimismo, sostuvo que el fallo fue por mayoría, por lo que “probablemente el dr. Quiñones haya votado en posición distinta y también queremos ver eso, porque quizás nos haya dado la razón en estos hechos”.
“El exjuez Soto Dávila jamás tuvo ningún inconveniente en ir con la Justicia, ni con el Consejo de la Magistratura, todo lo contrario”. Y destacó que esta condena es irracional y desproporcionada.
Sostuvo además que, si bien el fiscal pidió 15 años, hay una absolución vinculada a la asociación ilícita, algo que debe quedar claro: “Mi cliente jamás estuvo vinculado con ningún hecho de cohecho, ni situación que pudiera poner en duda su honorabilidad”. Y cerró indicando que cuando uno se pone a analizar los hechos, “éstos están vinculados con declaraciones de arrepentidos, no hay otro elemento de prueba, con lo que estamos justificando y valorando pruebas de gente que está extorsionada de forma encubierta; es importante aclarar que Soto Dávila está absuelto de la figura de asociación ilícita”.
Cabe recordar que el exjuez federal fue hallado culpable de los delitos de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado en tres oportunidades en concurso ideal con tres hechos de prevaricato, todos ellos en concurso real”. Además, el exmagistrado fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos y deberá abonar una multa de 37.500 pesos. Con respecto a los dos funcionarios del Juzgado Federal que también fueron juzgados, Pablo Carlos Molina fue condenado a cinco años de prisión por ser considerado responsable de los delitos de “cohecho pasivo agravado en dos oportunidades en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario y cohecho pasivo en una oportunidad, todos ellos en concurso real” y se le fijó tanto una inhabilitación especial perpetua como una multa de 32.500 pesos. Por su parte, a Federico Alberto Grau se lo condenó a cuatro años por los delitos de “cohecho pasivo agravado en una oportunidad en concurso ideal con prevaricato en calidad de partícipe necesario”, se lo inhabilitó de manera perpetua y se le impuso el mínimo de multa prevista.
(NG)
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