El Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de San Roque ordenó que una niña de 7 años cambie de división tras la denuncia de la madre por acoso escolar. Además, la institución deberá presentar informes mensuales de seguimiento psicopedagógico.
En marzo, la mamá de la niña puso en conocimiento de las autoridades policiales que su hija no concurriría a clases hasta tanto la escuela de Colonia Pando, a la que asistía, garantizara ayuda psicológica necesaria y le otorgara seguridad a la alumna.
Intervino entonces el Juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz de San Roque, que recibió la denuncia de acoso escolar.
La mujer relató que los compañeros la agredían verbalmente y no querían jugar con ella. Refirió haberse entrevistado con la directora y la docente del establecimiento escolar, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta institucional y la niña comenzó a autoagredirse.
El informe psicológico forense realizado a la niña indicaba que sus mecanismos psicológicos de defensa y adaptación eran precarios, y ello incidía de modo negativo en su capacidad de resiliencia.
Existían signos de haber estado sometida a estímulos altamente estresantes, principalmente en el ámbito escolar, señalaron.
El acoso es negativo e intencional
El doctor César Daniel Romero, juez sustituto, recordó que el bullying o acoso escolar es definido por Organización Mundial de la Salud (OMS) como toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas.
Se trata de una conducta de persecución física o psicológica que realiza uno/a contra otro/a, a quien elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición en la que difícilmente puede salir por sus propios medios.
Se presenta como una problemática social, no solo de quien lo padece o ejerce, sino de toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes y familias. Por lo tanto, requiere la búsqueda de soluciones conjuntas y participativas para alcanzar la no violencia y favorecer vínculos solidarios.
El magistrado afirmó que las testimoniales obtenidas y los informes revelaban que la niña se encontraría atravesando una situación de singular complejidad. Por un lado, el destrato que habrían efectuado sus compañeros de escuela y, por otro, la falta de respuesta institucional de la autoridad educativa.
Volver al aula
“Es prioritario que X pueda continuar con su trabajo psicoterapéutico en lo posible con la misma profesional que la atiende en la actualidad, ya que desde que cuenta con tratamiento psicológico, ella expresó deseos de reintegrarse a la escuela”, señaló Romero. Y agregó que la nena debía retomar su escolarización porque además demuestra entusiasmo por regresar.
Para mitigar el cuadro, el magistrado dispuso el cambio de división del grado porque de regresar al curso actual, podría ser peligroso para ella.
Urgió a la escuela que se ocupara de tramitarlo en forma inmediata y a que presente un informe mensual al juzgado acerca del seguimiento psicopedagógico que le deberán efectuar a la niña, y dio intervención a la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia de la Provincia. También pidió todo el esfuerzo posible para que el problema no siguiera escalando ni se convirtiera en objeto de polémicas en los ámbitos donde se encontraba la niña; guardando reservas y prudencia para así evitar que la solución pasara a ser un nuevo foco de conflicto que “lógicamente impactaría en quien debemos proteger”, indicó el juez.
