Por Silvia Zarza
Abogada egresada de la Unne, especialista en Derecho Previsional, sucesiones, planificación patrimonial y fiscalidad internacional.
Especial para El Litoral
En el complejo entramado del sistema de salud argentino, las obras sociales prepagas desempeñan un papel crucial para garantizar el acceso a servicios médicos de calidad. En medio de la actual crisis de salud sin precedentes, es esencial analizar su impacto desde una perspectiva legal, considerando tanto las ventajas como los desafíos que enfrentan.
Ventajas de las obras sociales prepagas:
Acceso a servicios de calidad: Al ofrecer acceso a servicios médicos de alta calidad, se destacan por brindar atención médica personalizada y acceso a especialistas. Este aspecto crucial mejora significativamente la experiencia de los usuarios.
Flexibilidad y personalización: La flexibilidad permite a los usuarios adaptar sus planes según sus necesidades específicas. Ejemplos concretos de opciones de cobertura y servicios adicionales demuestran la capacidad de estas entidades para satisfacer las demandas individuales.
Reducción de tiempos de espera: El análisis detallado revela cómo las prepagas contribuyen a reducir los tiempos de espera para consultas y procedimientos médicos. Casos específicos ilustran cómo estas instituciones han mejorado la accesibilidad a la atención médica. Generalmente los turnos para diferentes prestaciones médicas son otorgados con más inmediatez.
Programas preventivos y de bienestar: La descripción de programas preventivos y de bienestar resalta el compromiso de las prepagas con la salud integral de los usuarios. Ejemplos concretos muestran cómo incentivan hábitos saludables, promoviendo una cultura de prevención.
Desafíos de las obras sociales prepagas:
Costos elevados: los altos costos pueden excluir a ciertos segmentos de la población. La consideración de medidas regulatorias para abordar la asequibilidad se presenta como un aspecto fundamental para garantizar la accesibilidad universal.
Exclusión de poblaciones vulnerables: La discusión sobre la exclusión de personas debido a limitaciones financieras resalta la necesidad de abordar la inclusividad en el sistema de prepagas. Estas empresas deberían proponer acciones concretas para garantizar que sus servicios de salud sean accesibles para todos.
Problemas de transparencia y contratos: Existen innumerables problemas relacionados con la falta de transparencia en los contratos de prepagas por lo que deberían mejorar la claridad y la comprensión de los términos y condiciones, buscando fortalecer la protección del consumidor, es fundamental leer la “letra chica” de los contratos, que desde hace tiempo más que un acuerdo de partes es un contrato de adhesión.
Riesgo de abuso: La consideración de casos en los que las prepagas podrían abusar de su posición destaca la importancia de regulaciones sólidas para proteger a los usuarios. Se proponen medidas concretas para garantizar la integridad y la equidad en la relación entre las prepagas y sus afiliados.
Desafíos actuales y cambios normativos:
La reciente derogación del Decreto N° 743/22 marca un cambio significativo en la regulación de las prepagas. El levantamiento de límites de aumento y la eliminación de la Comisión Permanente sugieren un nuevo panorama. Sin embargo, la falta de tope en los aumentos plantea interrogantes sobre el impacto en la asequibilidad para los ciudadanos.
El hecho de que las prepagas ahora estén incluidas en la Ley de Obras Sociales plantea la posibilidad de que los trabajadores elijan derivar directamente los aportes a una prepaga en lugar de hacerlo a través de una obra social. Esta medida, aunque ofrece mayor flexibilidad, genera incertidumbre sobre el impacto a largo plazo en la estabilidad y la equidad del sistema de salud.
El escenario actual demanda un enfoque colaborativo que trascienda las diferencias entre obras sociales, prepagas, y demás actores del sistema de salud. La eliminación de restricciones en la elección de obras sociales o prepagas al ingresar a un nuevo trabajo representa un cambio significativo en la libertad de elección de los trabajadores, pero también plantea desafíos logísticos y administrativos.
La incertidumbre sobre el destino de las obras sociales en este nuevo marco normativo genera preguntas sobre su papel futuro y su capacidad para competir con las prepagas. La falta de claridad sobre el impacto en los jubilados y pensionados añade otra capa de complejidad a la situación.
Conclusión:
En este contexto de cambios radicales en las políticas de salud, es crucial seguir de cerca la evolución de la situación. Las respuestas a las preguntas sobre el impacto en la vida diaria de los ciudadanos, el futuro de las obras sociales y prepagas, y quién sale más favorecido con estos cambios, se irán desvelando con el tiempo. La cooperación y el diálogo entre todas las partes interesadas serán fundamentales para garantizar que estas transformaciones beneficien a la sociedad en su conjunto. En última instancia, la salud depende de la capacidad de todos los actores del sistema de salud para adaptarse y colaborar en la construcción de un sistema más justo y eficiente.
Para mejorar sus prestaciones, se propone un enfoque integral que incluya un aumento en su financiamiento y la necesidad de ajustar sus gastos. La reciente serie de cambios normativos plantea desafíos y oportunidades, requiriendo un diálogo inclusivo entre actores clave del sistema de salud. La cooperación entre médicos, farmacéuticos, obras sociales, prepagas y demás profesionales de la salud se presenta como esencial.
El DNU 70/2023 está vigente y las prepagas ya anunciaron un aumento de cuotas para enero que oscila entre los 35 y 40%. Hay en el medio entre las cuotas y las prestaciones una gran cantidad de interrogantes, que hasta que un nuevo sistema equitativo y justo se consoliden sin producir violentos choques con derechos constitucionales vigentes y arraigados en nuestra sociedad, será el poder judicial quien tendrá la responsabilidad de bregar por la primacía de la Constitución Nacional.
