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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

La turbia contratación de seguros

La turbia contratación de seguros del Estado durante la presidencia de Alberto Fernández es investigada en una acción que agrava el cuadro y que hace depositar en la Justicia la expectativa de que actúe con la celeridad que ha faltado en tantas otras causas en las que se investigaron casos de corrupción pública.

Lo que está en juego no es poco. Por el contrario, las pérdidas que la trama de este negociado le han ocasionado al Estado nacional alcanzan números descomunales. De acuerdo con una auditoría preliminar efectuada por oficinas gubernamentales, se estima que, solo en concepto de indebidas comisiones pagadas durante la gestión presidencial de Fernández, se dilapidaron unos 3500 millones de pesos. Se trata de una cifra que si fuese actualizada por inflación se multiplicaría.

Ese monto representa la suma de desembolsos que realizó Nación Seguros, la compañía estatal que estaban obligadas a contratar todas las dependencias oficiales, a partir de un decreto firmado por el presidente Fernández en diciembre de 2021. Si bien todos los seguros del Estado debían pasar por esa empresa, en las respectivas contrataciones hechas por los organismos públicos aparecieron innecesarios intermediarios que se llevaron millonarias comisiones. Entre estos gestores había personas con fuertes vínculos con el poder político y con quien por entonces estaba al frente del Poder Ejecutivo Nacional.

En las últimas horas, el juez federal Julián Ercolini, tras un requerimiento del fiscal Carlos Rívolo, dispuso la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, a quien le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas. La medida del magistrado abarca, además, a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas. Entre ellas, figuran el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, quien era secretaria del presidente Fernández.

Tras el decreto presidencial 823/2021, que obligaba a las dependencias del Estado a contratar con Nación Seguros, otras empresas actuaron como coaseguradoras, lo cual dio lugar a la intervención de intermediarios, entre los que se encuentran, además de Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Castello, al igual que las organizaciones Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía, TG Broker, Bachellier SA, Castello Mércuri SA y San Ignacio Sociedad de Productores y Asesores, a quienes se pagaban comisiones superiores a las del mercado, según la denuncia.

Las vinculaciones de algunas de esas personas con Alberto Fernández son evidentes. La relación personal entre Héctor Martínez Sosa y el expresidente se remonta a más de treinta años atrás, cuando Fernández era superintendente de Seguros de la Nación. En las propias declaraciones juradas patrimoniales del exmandatario aparece un préstamo personal de unos 20.000 dólares de Martínez Sosa, que dataría del año 2008 y que, hasta lo que se sabe, no fue devuelto.

La empresa Bachellier, ligada a Martínez Sosa, figura como el intermediario que mayores sumas percibió como producto de su intermediación, referida especialmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y las distintas fuerzas de seguridad.

Por otro lado, existen constancias de que al menos una de las compañías beneficiadas por la intermediación, Castello Mércuri, colaboró con aportes significativos a la campaña electoral de Fernández.

En una esperable decisión, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, instruyó en las últimas horas a los titulares de los ministerios para que no se contraten más brokers para los seguros de las dependencias oficiales a su cargo, de tal modo que las contrataciones de las pólizas que se lleven a cabo en adelante se efectúen “sin mediar intermediación”.

Es cierto que estos hechos que hoy investiga la Justicia pueden representar apenas un capítulo más de la larga serie de escándalos de corrupción a los que nos habituaron las sucesivas gestiones gubernamentales kirchneristas. Pero corresponde esperar que no haya que aguardar veinte años para el inicio del juicio oral, como ocurrió con el caso Skanska, y que, en adelante, los organismos de control públicos funcionen como deberían hacerlo, incluso frente a sociedades del Estado, que, amparadas en su estatus jurídico, se convierten en verdaderas cajas negras que ocultan toda clase de negociados.

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