La corrupción si hay algo sobre lo que arremete con fuerza es el dinero destinado a los vulnerables. Con la excusa de asistir a los más vulnerables se estuvo cocinando desde un vasto sector de la política un fenomenal entramado delictivo cuyo objetivo no fue erradicar la pobreza, sino valerse de ella para seguir manejando los dineros públicos en beneficio privado de unos pocos.
La reciente revelación judicial sobre la existencia de una aceitada estructura ilegal para extorsionar a los beneficiarios de planes sociales, obligándolos a pagar peajes a los piqueteros, a concurrir a actos políticos so pena de que les quitaran los beneficios y a vender la comida provista por el Estado, entre otras deleznables prácticas, es apenas la más reciente exteriorización de lo que estaba a la vista de todo el mundo, pero que el poder no controlaba por haber sido adjudicador y, al mismo tiempo, adjudicatario final del desfalco.
Según la investigación llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita a partir de 45 denuncias que llegaron a la Justicia de un total de más de 13.000 realizadas a la línea telefónica 134 habilitada por el actual gobierno para comunicar aprietes y amenazas a beneficiarios de planes sociales, se detectó una estructura jerárquica de varios niveles, en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp también dejó al descubierto un sistema extorsivo, con premios y castigos por asistir a marchas, repartir volantes partidarios o vender mercadería provista por el Estado.
La organización delictiva no solo extorsionaba, sino que también amenazaba exigiendo a los beneficiarios certificados médicos y otra documentación que atestiguara que no podían concurrir a las marchas por razones de fuerza mayor. En caso contrario, se aplicaban distintas “penas”. La más drástica implicaba la quita del beneficio.
A lo largo de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los piqueteros acusados, lo que permitió que se concretaran numerosos allanamientos, y se logró precisar la existencia de al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del beneficio, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a las personas vulnerables y los que cobraban por la entrega de alimentos que los beneficiarios debían recibir en forma gratuita.
Entre los dirigentes allanados, a quienes la Justicia acaba de inhibir sus bienes, hay referentes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de una vertiente de Barrios de Pie. Por ejemplo, se identificó a Jeremías Cantero, que coordinaba el funcionamiento de varios de esos centros desde el Ministerio de Capital Humano hasta marzo pasado, y a Elizabeth del Carmen Palma, quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social. Toda una estructura paraestatal que navegaba a sus anchas por las aguas del delito, ya que nadie los supervisaba debidamente desde el Estado.
La respuesta a si las denuncias son un hecho novedoso y por qué no se ejercía el poder de policía sobre la correcta adjudicación de los beneficios es concreta: siempre hubo denuncias de este tipo, pero nada ocurría porque funcionarios que manejaban los planes durante los gobiernos kirchneristas eran juez y parte. Por caso, la línea de denuncias que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández era responsabilidad del entonces secretario de Economía Social del ministerio y a la vez líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico.
Tampoco es esta la primera vez, desde que asumió el actual gobierno, que salta la tapa de una olla de la corrupción kirchnerista. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó una auditoría de los programas sociales, entre ellos, el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. La investigación arrojó que el 50 por ciento de los comedores y merenderos que gestionaban alimentos por sumas varias veces millonarias eran inexistentes. Incluso uno de ellos –el comedor Gauchito Gil– tenía como dirección la de un barrio privado.
La corrupción es un fenómeno complejo que necesita de muchos agentes para desarrollarse en semejante escala. La cobertura política y la impunidad de la que ha gozado en nuestro país, especialmente en las últimas décadas, ha sido hasta ahora la principal salvaguarda para su permanencia.
