El Tribunal de Juicio de Mercedes condenó a un maestro rural a 12 años de prisión por abuso sexual a una alumna que en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá. El fallo fue dictado el pasado 25 de junio, luego de tres jornadas de debate oral, en el marco de una causa por delitos sexuales cometidos en el ámbito rural del departamento. La niña, en el momento de los hechos, tenía entre 4 y 5 años.
El hecho principal que motivó la condena ocurrió en 2003, en el trayecto entre el paraje Pairirí y la ciudad de Curuzú Cuatiá. La víctima era alumna del docente y también su sobrina política. El tribunal rechazó el planteo de prescripción de la defensa, al considerar que el curso de la misma fue interrumpido por un nuevo hecho de similares características ocurrido en 2014.
En la misma causa, los jueces también analizaron un segundo caso de abuso sexual con acceso carnal, ocurrido en 2002 en la Escuela N.º 579 de Pairirí, donde el acusado se desempeñaba como director y único docente. Aunque se declaró prescripta la acción penal por haber transcurrido el plazo máximo de 12 años desde el hecho hasta la denuncia ,presentada en agosto de 2023, el tribunal consideró probado el abuso, en garantía del derecho a la verdad de la víctima.
La sentencia se fundamentó en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso "Funes", y brindó una forma de reparación moral y pública, aunque sin consecuencias penales debido al vencimiento de los plazos legales vigentes en aquel momento.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Alberto Troncoso (presidente), Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos (vocales), también rechazó que la calidad de funcionario público del acusado suspendiera la prescripción, señalando que su cargo no tuvo entidad suficiente como para obstaculizar el proceso judicial.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Dr. Oscar Cañete, y la querella particular fue llevada adelante por el Dr. Nicolás Emmanuel Leiva. El imputado fue juzgado por tres hechos: abuso sexual agravado por acceso carnal y por su rol como encargado de la educación; abuso sexual gravemente ultrajante en modalidad continuada; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Los delitos se cometieron entre marzo y junio de 2002, y entre marzo y mayo de 2003. La defensa, a cargo del Dr. Alejandro Exequiel Gómez, solicitó la prescripción de ambos hechos, aunque el Tribunal solo la aplicó al caso de 2002.
El 25 de junio, tras la audiencia de cesura, se estableció la pena de 12 años de prisión, inferior a los 18 años solicitados por la fiscalía y los 15 por la querella. El imputado continuará detenido bajo prisión preventiva en una unidad penitenciaria de la provincia.
