La solicitud abarca los siguientes puntos: normativa respecto de los recursos que deben abonar a la provincia de Corrientes; recursos provinciales de los cuales la actividad se encuentra exenta; recursos obtenidos durante los años 2002 y 2003, discriminados por concepto y por cada casino habilitado; ingresos declarados en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 hasta la fecha del informe por cada casino habilitado; convenios realizados y pendientes de ejecución con alguno o todos los casinos habilitados que funcionan en la provincia; detalle de compromisos incumplidos a favor de la provincia de Corrientes si existiesen; resultado de los controles, verificaciones o auditorías realizadas por la Dirección Provincial de Rentas de la provincia en los años prescriptos; otros datos que puedan resultar de interés para una mejor comprensión del
funcionamiento de los casinos.
En el segundo artículo se faculta a la presidencia del cuerpo para que requiera a cada uno de los municipios donde funcionen casinos, que a la mayor brevedad remitan un informe detallado y si el mismo percibe algún cánon por el funcionamiento de salas de juego dentro de su jurisdicción, detallando monto, concepto y periodicidad de los pagos.
Según el autor del proyecto, el objetivo es acceder a información sobre la actividad que desarrollan estas casas de juego en el territorio correntino, la evaluación de la suficiencia de la normativa al respecto y como están supervisados o controlados, función que a su juicio el Estado no pude dejar de cumplir.