Dos de los abogados que aparecen vinculados en los expedientes del caso Loan, atraviesan distintas acusaciones judiciales por las que están comprometidos con graves figuras penales.
El caso del esquinense José Alejandro Fernández Codazzi, quien fuera abogado de Laudelina Peña fue procesado por el delito de peculado, cometido durante su gestión como interventor del Registro del Automotor de Esquina.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento, según reveló el periodista Juan Cruz Velazquez.
El otro letrado que está sentado en el banquillo de los acusados es el doctor Marcelo Roberto Hanson, en el Tribunal Oral Penal de Mercedes.
Se trata del defensor de los imputados Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, dos de los que van a juicio por la desparición de Loan Danilo Peña, el niño de 6 años que es buscado desde el 13 de junio del 2024, después de un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio.
Hanson enfrenta cargos por el delito de defraudación mediante circunvención de incapaz, previsto en el artículo 174, inciso 2 del Código Penal Argentino. La causa, originada en el expediente N.º 9545/18 del Juzgado de Curuzú Cuatiá, es impulsada por la querella a cargo del abogado Gerardo Puzio, en representación de Silvia Prato, víctima de los hechos, según el portal Tu Mercedes.
Según la acusación, en el año 2017 el Dr. Hanson, quien representaba legalmente a Prato en un juicio sucesorio y había sido designado como apoyo con representación (figura similar al antiguo curador), hizo que la mujer firmara una dación en pago por la cual le cedía un casco de estancia de más de 300 hectáreas, con animales y maquinarias, como supuesto pago de honorarios. Dicha operación fue cuestionada tanto en sede civil como penal. En el fuero civil fue declarada nula, con fallo confirmado por la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá.
Abuso
La querella sostiene que Hanson abusó de la necesidad y la inexperiencia de una persona en situación de vulnerabilidad mental, incumpliendo el rol protector que la ley le asignaba como representante legal. Puzio señaló: “Lo primero que hizo fue beneficiarse con un bien de alto valor, cuando debía proteger su integridad y su patrimonio. Estamos ante un hecho grave, con un daño psicológico demostrado por peritos de prestigio”.
Durante la jornada del 30 de julio comenzó la etapa de debate, luego de que el tribunal rechazara por unanimidad el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa de Hanson, a cargo del propio imputado y del Dr. Andrés Gauna.
La solicitud también había sido rechazada por la Fiscalía, la querella y la Asesoría de Incapaces.
En esa audiencia declararon testigos clave como un escribano que participó del acto notarial, y peritos psicólogos, entre ellos la licenciada María de los Ángeles González.
También brindó testimonio el Dr. Miramango Díaz, quien integró la junta interdisciplinaria que evaluó a la víctima.
El juicio continuó este miércoles 6 de agosto con la declaración de testigos.
El Dr. Puzio destacó la relevancia social del caso: “Este juicio puede sentar un precedente. Estamos hablando de derechos de personas con discapacidad, protegidos por convenios internacionales suscriptos por nuestro país. No puede permitirse que un profesional del derecho, y más aún un familiar porque eran primos, se aproveche de una persona vulnerable”.
La pena prevista para este delito es de 2 a 6 años de prisión, y la querella adelantó que solicitará la pena máxima, además de la inhabilitación profesional por el tiempo que el tribunal considere adecuado.
Silvia Prato, que en la actualidad se dedica al arte, ha experimentado una transformación positiva tras recuperar el acompañamiento profesional y familiar.
“Volvió a la vida. Hoy tiene amigas, hace yoga, pinta cuadros hermosos… recuperó su salud y su dignidad. Eso es lo más importante”, concluyó el abogado Puzio.
