Un jubilado de 87 años que por disposición judicial debió haber cobrado en diciembre los importes salariales que le fueron descontados durante la emergencia previsional agoniza en una clínica de la capital correntina sin que el IPS se avenga a cumplir con la medida, dictada por la jueza Civil y Comercial Nº 11, Silvia Garicoche. La situación podría configurar un caso de abandono de persona, dado que el anciano sufrió en las últimas horas un accidente cerebrovascular que podría conducirlo a la muerte sin haber recuperado el dinero retenido por la caja jubilatoria durante la Intervención Federal comandada por Ramón Mestre y hasta bien entrado el actual Gobierno provincial.
La desventura de Miguel Tomás Arnoldi, quien ingresó a la unidad de terapia intensiva del Centro Médico en la noche del lunes, comenzó cuando Mestre dictó un decreto de emergencia previsional que se tradujo en descuentos a las pasividades de acuerdo a una escala cuyos porcentajes crecían de acuerdo al monto del salario. Al igual que otros perjudicados, Arnoldi inició acciones judiciales que desembocaron en un fallo favorable dictado por la jueza Garicoche el 17 de diciembre de 2003. En aquel momento el demandante recibió la noticia como un triunfo, pero a medida que pasaron las semanas se topó con la rebeldía del Instituto de Previsión Social, que sin argumentos se niega sistemáticamente a pagar el monto reclamado.
Según la abogada de Arnoldi, el interventor del IPS, Ramón Alberto Simón, fue notificado de la orden judicial a las pocas horas de firmada la cautelar, que disponía el pago inmediato del 25 por ciento de la deuda y el saldo restante en seis cuotas mensuales. Sin embargo, aunque ese tipo de decisiones judiciales suelen ser de cumplimiento instantáneo, el titular de la caja jubilatoria mantuvo su posición de no cumplir con el argumento de que abonar los 29.000 pesos reclamados por Arnoldi sería algo así como “sentar un mal precedente” que pondría en peligro las finanzas del Instituto.
Los reclamos verbales de la abogada fueron en vano, por lo que se presentó un escrito durante la feria judicial. La jueza que subrogó a Garicoche durante el receso, Selva Angélica Spessot (titular del Juzgado Civil Nº 6) ordenó lo que se denomina “oficio reiteratorio” dirigido al interventor del IPS para recordarle que “en autos Arnoldi Miguel Tomás c/Instituto de Previsión Social de Corrientes s/amparo se ha dispuesto reiterarle lo notificado por oficio del 17 de diciembre de 2003”. Acto seguido, se repitieron los párafos resolutivos de la orden impartida a fines del año pasado por la jueza Garicoche: “Hacer lugar a la medida cautelar ordenando al IPS, mientras se sustancia esta acción, liquide y abone todo lo adeudado al amparista de la siguiente forma: 25 por ciento en un solo pago y el saldo en seis cuotas mensuales consecutivas a partir de la notificación de la presente”.
La segunda comunicación tribunalicia llegó al despacho de Simón el tres de febrero de este año, cuando todavía don Miguel se encontraba al frente de la batalla judicial. Y fue desde ese mismo puesto de lucha que estampó su última firma antes de sufrir el derrame cerebral. “El lunes él estaba bien todavía y me firmó el escrito para hacer una nueva denuncia, pero a la noche se descompuso y tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva”, explicó la abogada.
Miguel Tomás Arnoldi ahora lucha por su vida, mientras el tiempo transcurre a favor de los demandados, que parecieran especular con las desventajas biológicas de sus contrincantes. Es que hay decenas de expedientes que se tramitan en el fuero civil, impulsados por personas mayores de 70 años que hasta ahora no pudieron recuperar su dinero. El problema para esos pasivos -que no se contentaron con la devolución en largas cuotas dispuesta por el Gobierno provincial a partir de la derogación del decreto mestrista de emergencia previsional- es justamente el tiempo, porque todos los juicios se interrumpirán en caso de fallecimiento de los demandantes.
En otras palabras, la muerte de los jubilados que reclamaron la devolución del dinero descontado configuraría una suerte de ventaja procesal para el Instituto de Previsión Social, que ganaría tiempo con los decesos. Eso porque las viudas y sus hijos no podrán continuar con los trámites de cobro hasta después de iniciados los juicios sucesorios, que son de por sí engorrosos.
Para impedirlo, la abogada y el hijo de Arnoldi (que se llama Miguel, como su padre) decidieron iniciar una demanda por desobediencia judicial y abandono de persona contra el Instituto de Previsión Social. Por lo pronto, Miguel Arnoldi hijo remitió un telegrama en el que intima a Simón a que cumpla con el fallo de la jueza Garicoche “de inmediato, ante el agravamiento de la enfermedad de mi padre”.
La desventura de Miguel Tomás Arnoldi, quien ingresó a la unidad de terapia intensiva del Centro Médico en la noche del lunes, comenzó cuando Mestre dictó un decreto de emergencia previsional que se tradujo en descuentos a las pasividades de acuerdo a una escala cuyos porcentajes crecían de acuerdo al monto del salario. Al igual que otros perjudicados, Arnoldi inició acciones judiciales que desembocaron en un fallo favorable dictado por la jueza Garicoche el 17 de diciembre de 2003. En aquel momento el demandante recibió la noticia como un triunfo, pero a medida que pasaron las semanas se topó con la rebeldía del Instituto de Previsión Social, que sin argumentos se niega sistemáticamente a pagar el monto reclamado.
Según la abogada de Arnoldi, el interventor del IPS, Ramón Alberto Simón, fue notificado de la orden judicial a las pocas horas de firmada la cautelar, que disponía el pago inmediato del 25 por ciento de la deuda y el saldo restante en seis cuotas mensuales. Sin embargo, aunque ese tipo de decisiones judiciales suelen ser de cumplimiento instantáneo, el titular de la caja jubilatoria mantuvo su posición de no cumplir con el argumento de que abonar los 29.000 pesos reclamados por Arnoldi sería algo así como “sentar un mal precedente” que pondría en peligro las finanzas del Instituto.
Los reclamos verbales de la abogada fueron en vano, por lo que se presentó un escrito durante la feria judicial. La jueza que subrogó a Garicoche durante el receso, Selva Angélica Spessot (titular del Juzgado Civil Nº 6) ordenó lo que se denomina “oficio reiteratorio” dirigido al interventor del IPS para recordarle que “en autos Arnoldi Miguel Tomás c/Instituto de Previsión Social de Corrientes s/amparo se ha dispuesto reiterarle lo notificado por oficio del 17 de diciembre de 2003”. Acto seguido, se repitieron los párafos resolutivos de la orden impartida a fines del año pasado por la jueza Garicoche: “Hacer lugar a la medida cautelar ordenando al IPS, mientras se sustancia esta acción, liquide y abone todo lo adeudado al amparista de la siguiente forma: 25 por ciento en un solo pago y el saldo en seis cuotas mensuales consecutivas a partir de la notificación de la presente”.
La segunda comunicación tribunalicia llegó al despacho de Simón el tres de febrero de este año, cuando todavía don Miguel se encontraba al frente de la batalla judicial. Y fue desde ese mismo puesto de lucha que estampó su última firma antes de sufrir el derrame cerebral. “El lunes él estaba bien todavía y me firmó el escrito para hacer una nueva denuncia, pero a la noche se descompuso y tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva”, explicó la abogada.
Miguel Tomás Arnoldi ahora lucha por su vida, mientras el tiempo transcurre a favor de los demandados, que parecieran especular con las desventajas biológicas de sus contrincantes. Es que hay decenas de expedientes que se tramitan en el fuero civil, impulsados por personas mayores de 70 años que hasta ahora no pudieron recuperar su dinero. El problema para esos pasivos -que no se contentaron con la devolución en largas cuotas dispuesta por el Gobierno provincial a partir de la derogación del decreto mestrista de emergencia previsional- es justamente el tiempo, porque todos los juicios se interrumpirán en caso de fallecimiento de los demandantes.
En otras palabras, la muerte de los jubilados que reclamaron la devolución del dinero descontado configuraría una suerte de ventaja procesal para el Instituto de Previsión Social, que ganaría tiempo con los decesos. Eso porque las viudas y sus hijos no podrán continuar con los trámites de cobro hasta después de iniciados los juicios sucesorios, que son de por sí engorrosos.
Para impedirlo, la abogada y el hijo de Arnoldi (que se llama Miguel, como su padre) decidieron iniciar una demanda por desobediencia judicial y abandono de persona contra el Instituto de Previsión Social. Por lo pronto, Miguel Arnoldi hijo remitió un telegrama en el que intima a Simón a que cumpla con el fallo de la jueza Garicoche “de inmediato, ante el agravamiento de la enfermedad de mi padre”.
