La novedad surgió, casualmente, en el marco de una denuncia de distintas firmas locales por el supuesto ingreso al mercado de garrafas con irregularidades tales como la falta de precintos de seguridad.
La advertencia la realizó un grupo de compañías del sector en la Secretaría de Medio Ambiente y Contralor Comercial de la Municipalidad, cuya titular, Teresita Hernández de Monjo, anunció mayores controles en vistas a que “las denuncias no son caprichosas, tienen su razón de ser”, según declaraciones vertidas al diario digital Momarandú.
La funcionaria explicó que algunas de las observaciones fueron por la propiedad de los envases -que deben pertenecer a la misma firma que distribuye-, o que se notó la ausencia de un precinto con indicaciones para manipular el producto.
Días pasados el director de Comercio de la Provincia declaró a una radio que “no tenemos un marco legal para controlar técnicamente las unidades de venta ni estamos autorizados a realizar las tareas de fiscalización”, tarea que es potestad exclusiva de la cartera energética de la Nación.
Pasar por alto detalles que hacen a la seguridad del parque de recipientes logran que, por ejemplo, no se tome en cuenta si una compañía que tiene garrafas blancas vende el gas a un usuario de otra firma, se lleva al depósito un tubo que no es blanco pero que pasaría por el pintor antes de ser rellenada y nuevamente vendida bajo su propio rótulo.
Esa cuestión los fraccionadores la plantearon con insistencia en prácticamente todas las reuniones que promovió el Estado para controlar el mercado y reducir los valores de referencia. Ahora la orden es precisa: todos los tubos deben ser grises.
Se marca en la resolución firmada por el secretario de Energía, Daniel Cameron, que fue necesario “crear condiciones estables, seguras y eficaces, para, además, propender a que los operadores del sector y el público en general tengan certeza de las propuestas, programas o planes que se dictan para su beneficio, mediante la utilización de elementos que eviten confundir a los mismos”.
Uno de los objetivos claves tiene que ver con la búsqueda de fiscalizaciones y controles correctos, “imposibilitando la mimetización de envases”, dice la resolución.
Pero además, la medida se da como colofón a una cuestión iniciada en septiembre de 2003, cuando las fraccionadoras y sus respectivas cámaras suscribieron el “Acuerdo de autorización de uso común de envases para gas licuado de petroleo”, por el cual se estableció la formación de un parque de envases comunitario.
Por eso, hasta el 27 de octubre las firmas que no posean recipientes de color gris en todas sus tonalidades y la pintura aluminio, tienen tiempo para denunciar un nuevo tono y acompañar un cronograma de pintado de la totalidad de su parque de envases, con los nuevos colores adoptados.
Se otorgó un plazo máximo de un año a las empresas con garrafas de otros colores para que completen totalmente el cambio al gris, o aluminio.
En el artículo 3 de la resolución se pauta textualmente que está “absolutamente prohibida la utilización de colores que permitan confundibilidad”. A ese fin se abocará la Subsecretaría de Combustible de la Nación, donde se delegó el control con facultades suficientes para la aplicación de las contravenciones y sanciones vigentes por ley.