Desde que el Gobierno nacional comunicó en septiembre la noticia sobre la degradación del Ministerio de Salud al rango de secretaría, dentro de Desarrollo Social, numerosos actores de la sanidad alzaron su voz en contra, argumentando que esto traería aparejado un recorte presupuestario para lo que, se supone, es vital para la población, agregando lo simbólico de la acción en cuestión. El Ejecutivo argumentó su decisión en una cuestión de ahorro para afrontar la crisis económica, aunque descartó que las prestaciones médicas fueran a ser afectadas.
La objeción a la medida no tardó en quedar justificada luego de la aparición de numerosas denuncias por recortes en varios programas nacionales con los que contaban las provincias, entre las que se incluye Corrientes. El caso que tomó mayor relevancia en esta jurisdicción fue el de la baja de la atención en salud mental para algunos barrios vulnerables en la Capital, la cual se daba mediante unos ocho profesionales que fueron despedidos y que aún no pudieron cobrar sus sueldos desde febrero.
Como consecuencia de esto, vecinos de varios barrios como el Anahí, el Pirayuí, el San Antonio Este y sus adyacencias, quedaron sin la posibilidad de recibir atención primaria en materia de salud mental, una labor que realizaban psicólogos y trabajadores sociales en conjunto con las escuelas y otras instituciones de cada comunidad. “Recibíamos todo tipo de demandas tanto de chicos como de adultos, y no sólo hacíamos atenciones individuales, sino también grupales como en el caso de los colegios”, habían contado a El Litoral los profesionales afectados.
El recorte alcanzó a unos 88 psicólogos y trabajadores sociales en la región y, además de la gravedad de haber generado desempleo, significó un retroceso en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, una legislación que en líneas generales apunta a la desestigmatización de los usuarios, a partir de alejarse del paradigma manicomial.
Mbareté
De manera de contrarrestar el impacto generado por la pérdida de este programa nacional, tanto el Gobierno local como el Municipio capitalino activaron algunas medidas paliativas. La comuna inició una serie de capacitaciones para intensificar el servicio de adicciones en los barrios vulnerables (ver recuadro), mientras que la Provincia incorporó a 200 usuarios de la salud mental al listado de beneficiarios de las tarjetas Mbareté. Se trata de un plástico con un saldo de $4.500 por mes para comprar hasta tres remedios para patologías relacionadas al bienestar mental cada 30 días en farmacias, con una cobertura de un año. Según habían especificado desde Salud Pública, los adjudicatarios de estas tarjetas “son personas que se encuentran en un padrón de salud mental, que no cuentan con obra social o mutual”.
De igual forma, varios profesionales ligados al ámbito cuestionaron esta medida. Según consignaron durante un encuentro que se realizó por el Día Internacional de la Salud Mental (el 10 de octubre) en plaza Vera, “la tarjeta Mbareté es para una cantidad reducida de pacientes, ofrece un monto de $4 mil, mientras que en promedio algunos fármacos están cerca de $5 mil”. Asimismo, aseguraron que la iniciativa significa un recorte “encubierto” en la distribución gratuita de medicamentos en los hospitales, ya que ahora los usuarios deberán acceder a los mismos únicamente mediante la Mbareté.
Supervisión
En el capítulo 10 de la ley de Salud Mental se especifica que el Estado debe crear un Organo de Revisión que oficie de contralor del cumplimiento de la normativa en las provincias. Con más de diez años de vigencia de la legislación, este organismo aún no existe en Corrientes. Organizaciones afines al campo vienen trabajando desde hace tiempo en pos de la creación del órgano y el cumplimiento efectivo de la normativa, y para ello conformaron una Mesa de Enlace compuesta por profesionales de varios ámbitos. A fines de abril de este año, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, este grupo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para la creación del órgano de revisión provincial. La propuesta llegó a la Comisión de Salud, pero hasta el momento quedó allí estancada debido a que se están considerando cambios para el mismo. La presidenta de dicha comisión, diputada Albana Rotela, había informado a este diario en octubre que Salud Pública hizo “algunas observaciones” al proyecto, por lo que optaron por “escuchar a la Mesa de Enlace” y “estudiarlo más en profundidad”.
En este contexto de crisis económica y cambios de paradigmas, el importante avance que logró el campo de la salud mental durante los últimos años con la aprobación de la ley parece estar retrocediendo, llevándose consigo al trabajo de los profesionales del ámbito y también a los usuarios, tal vez los más afectados.
