Un incendio produce un doble daño: el fuego primero y el agua después. Ante el drama de las llamas, bienvenidos los bomberos. En ese momento, se deben salvar vidas y minimizar daños: no hay puerta que se respete, ni mueble que resulte indemne. En la emergencia, los heroicos voluntarios están autorizados a mojar o romper, según lo exija el siniestro.
Nuestro querido país, que vive de incendio en incendio, inspiraría moralejas al viejo Esopo, para consejo a políticos noveles.
El populismo es un trastorno contradictorio. En su faz piromaníaca, disfruta con el fósforo y el bidón. Cuando la quema abrasa, se reconvierte en bombero, pues su pulsión vital es actuar como salvador en catástrofes de su propia autoría. Antes de entrar en escena, exige plenos poderes para irrumpir en el desastre, con hacha y manguera. En toda crisis que provoca, invoca luego la emergencia.
En la Argentina, la calamidad ígnea se originó con el desborde del gasto público durante el kirchnerismo, que pasó del 26% al 46% del PBI. Ese incremento se debió a la duplicación del número de empleados públicos, millones de jubilados sin aportes, congelación de tarifas y transportes (y los subsidios consiguientes), la avalancha de planes sociales, el déficit de las empresas públicas y la multiplicación de cargos políticos. El gasto social, que en tiempos de Raúl Alfonsín ascendía al 52% del presupuesto, en 2019 llegó al 70%. Y la pobreza siguió aumentando por falta de inversión privada y su correlato, el empleo genuino.
El presidente Alberto Fernández tampoco fue el pirómano que inició la fogata, pero debe lograr extinguirla sin propagar las llamas con más gastos, más imprevisibilidad, más inseguridad jurídica. Invocando la emergencia económica y social, el bombero entró con su hacha y su manguera: se alteraron las jubilaciones, se aumentaron las retenciones, se incrementaron los salarios (aun los privados), se gravaron los patrimonios, se controlaron los precios, se dispersaron los cambios, se restringieron las importaciones, se congelaron las tarifas, se fijaron los transportes e inmovilizaron los combustibles.
Este gobierno no nace de un repollo: debe encarar por enésima vez la tarea de apagar un incendio que se repite sin cesar desde hace 70 años. La Argentina incumplió sus obligaciones (default) ocho veces, tuvo dos hiperinflaciones sin guerras y quitó 13 ceros al peso desde 1970. Violó contratos, alteró marcos regulatorios, expropió los fondos de pensión y confiscó YPF.
Reconstruir la credibilidad debe ser el principal objetivo de la gestión “albertista”. Pensar que la reestructuración de la deuda será suficiente es equivocado. Para que sea sustentable y se reduzca el riesgo país, debe respaldarse en un programa económico que prometa crecimiento, basado en la confianza, la recuperación de la moneda, el aumento de depósitos y la expansión del crédito. De lo contrario, los nuevos títulos no valdrán más que los actuales y llevarán el estigma de otro potencial default desde su nacimiento.
Los sucesivos incendios que “iluminan” nuestra historia no se debieron a malas recetas económicas, sino a políticas extraviadas: el abandono de las instituciones, la destrucción de la moneda y la creencia de que “todo vale” en la búsqueda de poder.
La pobreza, el hambre, el desempleo, la deserción escolar no pueden resolverse con recursos públicos que no existen. La economía no se pondrá en marcha con algunos pesos en los bolsillos de la gente si provienen de la Casa de Moneda. Por más que se aumente el diámetro de la manguera, si no entra agua al tanque, sólo saldrán pocas gotas. Si la economía requiere dólares escasos, las retenciones, los cepos y los impuestos solidarios no los producirán. La única alternativa es reponer líquido al camión cisterna mediante el ingreso de capitales, atraídos por un país serio, que tenga moneda, instituciones sólidas y creíbles, administradas por funcionarios probos y respaldadas por un poder judicial independiente.
La percepción de inseguridad jurídica, el recuerdo de Celestino Rodrigo, la renuncia de Raúl Alfonsín, el abandono de la convertibilidad y tantos otros incendios criollos podrían aventarse si el Presidente adoptase un discurso claro y unívoco que haga creíble la decisión política de que el bombero nunca más será pirómano. En ausencia de ese mensaje, todo el resto será inútil: palabras al viento. Mejor dicho, al fuego.
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