El inesperadamente largo conflicto gremial que mantiene paralizados los puertos cerealeros desde hace 20 días exige una inmediata solución. Llama la atención que sindicatos cuyos trabajadores se encuentran entre los mejor remunerados del país, como los aceiteros, recurran a tan duras medidas de fuerza, que provocan cuantiosos daños a la estructura productiva del país, si el fin es meramente la obtención de mejoras salariales y laborales.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Idígoras, confirmó a la prensa que los gremios aceiteros rechazaron la oferta salarial que se había elevado a su tratamiento el domingo. Las negociaciones se retomarán hoy a las 11 en el Ministerio de Trabajo pero mientras tanto continúa el paro en los puertos exportadores del país. La propuesta que presentó el domingo, día no laboral, el sector privado consistía en un 35% de aumento para el presente año y una actualización basada en el índice de costo de vida del Indec para 2021.
Además, un sueldo adicional y este año un bono excepcional de $70.000 para los trabajadores que contribuyeron con su esfuerzo diario durante la pandemia del coronavirus.
Por su lado, los gremios ratificaron que se otorgue el bono por la pandemia de 130 mil pesos; aumento al salario del 10% en el cierre de paritarias del presente año; aumento del 35% al bono anual para todos los trabajadores; ningún descuento de los días de huelga y para la paritaria del año próximo, un aumento salarial del 25% a partir del 1° de enero, con una cláusula de revisión en el mes de agosto.
Hasta el momento hay 173 barcos que aguardan cargar cerca de 4,7 millones de toneladas de granos, aceite y harina de soja, por más de 2.000 millones de dólares. Los operadores del mercado advirtieron que la medida de fuerza “no solamente está generando pérdidas económicas, sino también hay una menor demanda de los países compradores, se retrasa el ingreso de divisas y hay una afectación en toda la cadena agroalimentaria”.
Y a todo esto, desde la Cámara Aceitera agregaron: “Necesitamos realizar una fuerte alianza de los trabajadores y las empresas para afrontar las urgencias de nuestro país, de modo de contribuir con el trabajo, la producción y la exportación en forma permanente e ininterrumpida durante el 2021. Este esfuerzo común debe ser la garantía de paz social”.
Sorprende la escasa capacidad exhibida por el Ministerio de Trabajo para mediar en un conflicto como consecuencia del cual aproximadamente 150 buques se encuentran varados en el río Paraná, sin poder cargar mercadería valuada en dólares para ser exportada.
Los perjuicios son cada vez mayores. No solo se demora la facturación de las exportaciones, sino que las pérdidas por cuestiones logísticas también son millonarias, si se tiene en cuenta que cada buque parado demanda un costo de entre 20.000 y 50.000 dólares por día, de acuerdo con cálculos realizados por empresarios del sector exportador. Esas embarcaciones no han podido cargar harina, aceite de soja, trigo y maíz, entre otros productos, lo que provoca problemas en toda la cadena productiva.
El conflicto se ha derivado de demandas salariales planteadas por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (Soea) y la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara). Pero en los últimos días se han plegado al reclamo otros gremios portuarios, como el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu). Si bien las negociaciones salariales han avanzado y lo que ofrece la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) está en línea con el aumento de la inflación, los gremios exigen la instalación del concepto de bonos anuales permanentes para todos los trabajadores, vinculados con el flujo de mercaderías pero no con la rentabilidad de las empresas.
La inusual prolongación del conflicto también obedece a las recurrentes disputas intestinas en gremios que, conducidos por sectores diversos de la política, advierten el peligroso avance de grupos radicalizados en sus posicionamientos.
En cualquier caso, no hay nada que justifique por parte del sindicalismo el empleo de una metodología extorsiva, contraria a la necesaria búsqueda de acuerdos productivos para alentar el empleo y la paz social.
