Un agente del Servicio Penitenciario de Corrientes fue denunciado este viernes de abusar y violar sexualmente de una mujer. El mismo sería un familiar, forma parte del servicio penitenciario y cumpliría funciones como seguridad en un comercio.
Se trata de Adrián Blanco de 45 años, quien esta acusado de delito sexual con acceso carnal, una causa que se abre a la investigación. Según una entrevista que realizó 5tv al padre de la víctima, el abusador sería su primo- hermano.
"Lo que pasé es algo muy feo. Fue abusada mi primo hermano, que para mí ya no lo es más. Él se hacía pasar como un padre protector para mi hija, la crio, cumplió 18 años y la violó el pasado sábado 26 de abril. Está muerto para mí", expresó el padre de la víctima en declaraciones al canal 5TV.
"Están todas las pruebas, los resultados fueron positivos. No sé porque la Justicia no hace nada. Él es guardia cárcel de la Fuerza Especial de la unidad de San Cayetano. Es un funcionario público y anda como si nada", agregó el progenitor con mucha bronca.
Según detallan fuentes policiales, hasta ahora el acusado sigue libre y continúa realizando sus funciones de seguridad privada con total normalidad.
Hasta el momento, sólo se se hace notar la reacción de injusticia y de bronca por parte de los seres queridos de la víctima, quienes cuestiones medidas más severas. No obstante, posee una orden de restricción de acercamiento, con un radio de 500 metros.
La denuncia ya esta hecha en la Unidad de Delitos Sexuales y en la Comisaría de la Mujer, donde se tiene presente el expediente judicial y los peritajes que arrojaron resultados positivos.
“Está la denuncia hecha, hay expediente, peritos positivos y el muy delincuente sigue libre. ¿Ir a los medios y exponer la vida es la única justicia que nos queda?, expresó indignada una persona cercana a la denunciante.
En el expediente, el caso fue caratulado como “supuesto abuso sexual con acceso carnal” y se encuentra en etapa investigativa. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas comenzaron a manifestar la preocupación por la aparente inacción judicial frente a una acusación tan grave, especialmente tratándose de un funcionario público con portación de arma.
El reclamo se centra en la urgente necesidad de apartar al acusado de sus funciones, garantizar la protección de la víctima y dar curso a una investigación judicial con la celeridad y el rigor que el caso amerita.
