Tras dos audiencias de juicio en las que se produjo la prueba ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, el fiscal general de esa jurisdicción, Carlos Schaefer, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, solicitaron que el exsecretario judicial Pablo Carlos Molina sea condenado a 5 años de prisión, inhabilitación absoluta y especial por doble tiempo, por haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su mujer y de un presunto amante, en el marco de una investigación por narcotráfico.
En su alegato del 2 de julio pasado, Schaefer y Uriona solicitaron dicha condena para Molina como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, en concurso real.
El juicio se inició el 13 de junio pasado y el tribunal -integrado en esta oportunidad por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabian Cardozo y Jorge Gallino- dará a conocer el veredicto el próximo 29 de julio. La defensa alegó ayer y pidió la absolución del exsecretario.
La acusación
Molina fue acusado por haber confeccionado y suscripto el 11 de septiembre de 2014, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, un oficio judicial, firmado también por el entonces juez federal Soto Dávila, mediante el cual se le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -por entonces a cargos de las escuchas-, que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso.
Sin embargo, los representantes del MPF explicaron que luego se determinó que esas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el acusado sospechaba que tenía una relación.
Según expuso la fiscalía, el hecho se descubrió en marzo de 2019 cuando personal judicial que realizaba un relevamiento de efectos encontró 28 discos compactos con el producido de estas comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En gran parte de ellas, aparece el propio acusado hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas, respecto de las cuales el tribunal correntino se declaró incompetente y las remitió a la justicia local de Chaco, donde viven la damnificada y Molina, para su investigación y su posterior juzgamiento.
En ese entonces, Molina estaba apartado de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a raíz de la imputación que le había sido cursada por hechos de corrupción en el marco de otra causa de 2016, en la que él, el exjuez Soto Dávila y otros acusados fueron procesados en abril pasado por el Juzgado Federal de Formosa N°2. Se los acusa de haber restituido una serie de vehículos que habían sido secuestrados en el marco de una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En tanto, Soto Dávila ya había renunciado a su cargo como juez federal luego de ser procesado, también junto a Molina, su otro secretario penal Alberto Federico Grau y un grupo de abogados de la matrícula, por conformar una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, a su cargo.
En esa causa de 2018, que fue instruida por el Juzgado Federal N°12 de la Capital Federal al iniciarse como un desprendimiento del caso conocido como “Sapucai”, Molina y Soto Dávila fueron condenados en junio de 2023 por recibir coimas a cambio de resoluciones judiciales que beneficiaban a narcotraficantes.
En ese juicio, el exjuez recibió una condena a 6 años de prisión y el exsecretario Molina a 5 años, pero en diciembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las condenas para ellos y otros condenados, al considerarlos jefe y miembros de una asociación ilícita.
Sobre los hechos allí probados, un dato clave destacado por la fiscalía en el reciente alegato fue que Molina firmó el oficio de las intervenciones ilegales -el 11 de septiembre de 2014- el mismo día que también suscribió, con Soto Dávila, una resolución prevaricante que le otorgó la exención de prisión a un conocido narcotraficante, Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”, líder de la organización que operó por años en Itatí y traficó grandes cantidad de marihuana a varios lugares del país, a cambio de lo cual aquellos recibieron un millón de pesos en concepto de dádiva.
Si bien en esta oportunidad Molina es el único que llegó a juicio oral, Soto Dávila también fue imputado en la causa. Su situación se encuentra en trámite de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara un recurso contra la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que confirmó el sobreseimiento que le fue dictado por la titular del Juzgado Federal de Formosa N°2, la jueza María Belén López Mace, que interviene en la causa.
