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/Ellitoral.com.ar/ Interior

Allanaron casas de ex funcionarios y comercios por un presunto fraude millonario a la Comuna

En búsqueda de datos sobre la emisión de 358 cheques sin fondos por un total de $10 millones, ayer fue registrada la vivienda de quien fue Jefe comunal, Guillermo Pelozo; y también la de su primo Marcelo que se desempeñó como secretario de Gobierno. Idéntico operativo realizaron en otros cuatro lugares. 

Por orden del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Goya,  ayer se realizaron seis allanamientos en búsqueda de documentación referida a una presunta defraudación al Municipio de San Roque. Esto es parte de una investigación judicial solicitada por el actual jefe Comunal, que denunció primero al  ex intendente Guillermo Pelozo y quien fue su secretario de Gobierno, Marcelo Pelozo. Pero la semana pasada amplió esa acusación e incluyó al ex gerente local de una entidad financiera y a cuatro comerciantes que eran proveedores del Municipio.

El 10 de diciembre de 2017 asumieron nuevas autoridades comunales y un par de meses después, el intendente Raúl Hadad realizó una presentación en la Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Goya. En aquella oportunidad, solicitó ante los estrados judiciales que se investigara si los funcionarios de la anterior gestión cometieron delitos en detrimento del erario público. 

“Podemos resumir que sólo durante 2017, emitieron con sus firmas, un total de 358 cheques sin provisión de fondos por un total calculado de $10.703.488”, argumentaron desde la asesoría legal del Municipio.

Pero esa denuncia, el pasado 8 de noviembre, no sólo fue ratificada por Hadad ante la Justicia, sino que además fue ampliada y se presentó como querrellante en la causa.

Al ser consultados ese día, desde la Comuna habían argumentado que: “Ahora se pidió que se amplíe la imputación a propietarios de comercios que en el Juzgado de Goya presentaron una demanda contra la Municipalidad para exigir el pago de cheques por más de $5 millones, con sus respectivos intereses, siendo que las facturas exhibidas eran fraudulentas o directamente no estaban presentadas”.

Sobre esto, desde la Comuna, graficaron a El Litoral que “por ejemplo, había facturas emitidas por un mismo local, en la misma semana y en la que sólo consignaban que pagaron $40 mil o $50 mil por chapa y cemento”. En este punto, señalaron que no estaban precisadas cuántas chapas y cuántas bolsas de cemento entregaron al Municipio. “También es llamativo que siempre la suma daba números redondos”, acotaron.

En base a esos indicios y otros datos recopilados, en la actual gestión de Hadad estiman que “la operación ilícita consistió en simular compras que nunca existieron efectuando pagos a favor de los acreedores con cheques por sumas millonarias, de las cuales $10,7 millones fueron rechazados por falta de fondos”.

Precisamente, por eso último también en la ampliación de la denuncia, Hadad incluyó a un ex gerente local de una entidad bancaria. “Es llamativo que en un mismo año fueron rechazados por falta de fondos 358 cheques emitidos de un mismo lugar, la Municipalidad, y quien estaba a cargo del banco no realizó una notificación de operación sospechosa”, subrayaron desde el área legal de la Municipalidad.

 En tres comunas

En base a las citadas denuncias, la Justicia investiga si los ex funcionarios y propietarios de comercios cometieron malversación de fondos públicos, lavado de activos, evasión impositiva, incumplimiento de los deberes, obstrucción y eliminación de elementos de prueba, entre otros delitos. Y con el objetivo de obtener datos al respecto, el juez de Instrucción de Goya Carlos Antonio Balestra ordenó varios allanamientos.

Según pudo saber este medio, uno de ellos se realizó en la Capital correntina,  más precisamente en la casa donde ahora viviría el ex jefe Comunal Guillermo Pelozo.

Mientras que, en San Roque el registro por parte de la Policía se concretó en dos locales comerciales y en la vivienda del ex secretario de Gobierno, Marcelo Pelozo. “También allanaron el domicilio del ex gerente y en Goya realizaron idéntico operativo en otro local”, agregaron.

Por último, destacaron: “Consideramos que esto es un hecho muy grave de corrupción, en el cual se defraudó al Estado y por lo tanto quienes son responsables deben ser juzgados”.

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