Una columna de aproximadamente 200 personas se movilizó ayer por el centro de la ciudad, hacia diferentes instituciones de la Justicia, para reclamar por celeridad y perspectiva de género en el avance o la resolución de varias causas en la provincia. Una de ellas fue Erika Montenegro, ex pareja de Darío Emanuel Aguirre, quien está prófugo tras haber sido acusado de violar a la hija de la mujer, y pese a que la familia de la niña había pedido que sea detenido antes del juicio.
“La Justicia no actúa como debe ser. En mi caso se pudo haber detenido (a Aguirre) cuando él volvió a reincidir, pero los jueces dijeron que no corría riesgo de escaparse porque siempre asistía a las audiencias”, relató la mujer, y destacó que si no aparece para este viernes, “la causa volverá a foja 0. Actualmente tiene pedido de captura nacional e internacional, y si no aparece para el viernes, se pondrá un monto para que esté entre los más buscados”, agregó, en declaraciones a Radio Sudamericana.
“Pasaron cinco años de inoperancia, tienen que ponerse en el lugar de uno porque es un pesar muy grande”, remarcó Montenegro, quien describió a su ex pareja como un hombre de 1.60 de altura, de tez blanca, cabello castaño y ojos marrones.
En la movilización también se incluyó el reclamo por la detención de Daniel Borlicher, el femicida de Sandra Silguero que está prófugo desde hace cuatro años, y que no es hallado pese a que tiene un pedido de captura internacional, además de una recompensa para quien aporte información (ver recuadro).
Asimismo, estuvieron presentes en la marcha los familiares de Tamara Zalazar, la joven asesinada en enero de 2016, y cuyo principal sospechoso fue absuelto en un fallo dividido que fue objetado este año, por lo que deberá tener una nueva sentencia con fecha a confirmar (ver recuadro). El problema en este caso, según denuncian, es que Raúl Escalante, el acusado, está libre.
Además, la movilización incluyó el caso de Elizabeth Verón, cuyos familiares sospechan que el femicida Adrián Sosa García cuenta con privilegios en su celda de la Granja Yatay. Desde hace cuatro años están pidiendo que el hombre cumpla su condena de prisión perpetua en el Penal N° 1.
Por último, la manifestación también pidió por justicia en la causa de los 8 obreros muertos en un edificio en construcción del barrio Cambá Cuá, en 2012.
“Exigimos políticas públicas, presupuesto y justicia con perspectiva de género; para lograr acciones más eficaces en términos de tiempo y calidad para los familiares y víctimas de violencias machistas”, expresó Silvana Lagraña, referente de Mumalá, durante la marcha que pasó por el Tribunal Oral Penal (TOP) N° 1 y la Fiscalía.
