Por Rinaldo Antonio Colomé*
Publicado en La Voz del Interior.
El presidente Alberto Fernández afirmó días atrás que “la pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado como lo hizo durante la pandemia”. Lo hizo en una conferencia virtual de la Pastoral Social de la ciudad de Buenos Aires, durante la cual se lanzó una “convocatoria abierta, múltiple y plural para construir una Nación que sea efectivamente una casa de todos”.
Mientras no haya vacuna contra este virus, es necesario el “distanciamiento social”. Cuando este es compulsivo (cuarentena) se suspenden todas las actividades productivas, excepto las relacionadas con el cuidado de la salud pública. Mientras más larga y estricta la cuarentena, mayor es la caída de los ingresos del sector privado. El auxilio del Estado se hace una obligación, no un mérito por exhibir. No obstante, un cinco por ciento más de personas cayó en la pobreza.
La pobreza en Argentina es estructural y es la otra cara de la decadencia, que es institucional. Argentina estableció instituciones políticas inclusivas –que se corresponden con el sistema democrático republicano– a partir de la Constitución de 1853. En concordancia, se desarrollaron instituciones económicas inclusivas, que consagran al mercado como el mejor asignador de los recursos.
En un trabajo anterior, distinguí dos períodos. En el primero (1854-1930), con instituciones políticas y económicas inclusivas, el producto interno bruto (PIB) creció al 4,61% anual promedio, y al 5,15% en el subperíodo 1880-1930, lo que colocó a la Argentina a principios del siglo 20 entre los principales países del mundo.
El segundo período se inicia en 1930, con el golpe militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen. Ratificando la violación a la Constitución, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó una “acordada sobre reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación”, con lo cual sentó jurisprudencia para el reconocimiento de futuros golpes.
Con motivo de la caída de los precios de los principales productos de exportación, el gobierno lanzó en 1933 una política económica, beneficiosa al comienzo, que se fue transformando en extractiva. Y fue altamente extractiva durante el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), en el que se registró la mayor detracción de ingresos del sector agropecuario a favor del no agropecuario, pero sobre todo a favor del gobierno, lo que posibilitó el inicio del populismo.
En lo político, Perón produjo un grave hecho institucional: destituyó a la CSJ y nombró su “propia” Corte, deteriorando así al Poder Judicial (PJ). Además, hizo modificar la Constitución, para que permitiera su reelección, y consagró instituciones políticas y económicas extractivas.
Los ataques a la CSJ siguieron, salvo los casos de los presidentes Arturo Frondizi, Arturo Illia, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. También hubo presidentes que restablecieron parcialmente instituciones inclusivas, predominando las extractivas. El PIB creció al 2,46% anual promedio en el período 1930-2019, menos de la mitad del período 1880-1930.
La cuarentena agravó la crisis y la pobreza. Esta última no se elimina con asistencialismo, ni declaraciones, ni “parches” cortoplacistas; ello potencia la decadencia. La pobreza se elimina generando riqueza. ¿Cómo? Toda crisis es una oportunidad y se debe aprovechar para acordar políticas de Estado.
En lo político, el restablecimiento de la república federal, dedicada a su objetivo específico: el suministro eficiente de los bienes públicos y semipúblicos, complementado con una asistencia social eficiente; reduciendo el gasto y la carga tributaria hasta alcanzar el superávit, única forma de eliminar la inflación (tener moneda), fomentar el ahorro y favorecer la inversión; con un mercado de cambios libre, una vez logrado un tipo de cambio real de equilibrio. Esto es posible con el crecimiento económico esperable resultado del nuevo escenario.
El equilibrio de los poderes se logra fortaleciendo al Poder Judicial mediante un Consejo de la Magistratura independiente del poder político; respecto de la CSJ, acordar un número de jueces inamovible; el federalismo, un pacto fiscal similar al de 1853, que devuelva a las provincias sus potestades tributarias, aumentando la correspondencia fiscal.
En lo económico, reglas de juego para el libre funcionamiento de los mercados, tanto internos como externos. Para los de bienes y servicios, la política económica prescribe: mercados competitivos, no deben ser regulados, salvo circunstancias; mercados oligopólicos, también en libertad, sujetos a la defensa de la competencia; monopolios naturales, operados por empresas privadas reguladas a través de entes específicos profesionalizados, con el criterio de sustentabilidad a largo plazo.
Los mercados de servicios de factores de producción deben operar también en libertad. De estos, el más importante, el mercado de trabajo: flexibilizar el despido, sustituyendo el actual sistema por un seguro de desempleo; descentralizar acuerdos salariales y condiciones de trabajo; democratizar los sindicatos, limitando la reelección de los dirigentes; auditar las obras sociales.
Lo que se postula no es una utopía; mutatis mutandi, son las instituciones de los países que han alcanzado un alto nivel de ingreso per capita y cuasi eliminado la pobreza. Es difícil de acordar, sí. Pero es necesario.
*El autor es doctor en Ciencias Económicas; miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
