Con algo de ignorancia o bien por deseos indecibles, muchos se entusiasman con la posibilidad de que la Argentina no llegue a un acuerdo con los bonistas y, finalmente, se declare en “default”. Esa deformación se expone en un documento publicado por referentes políticos, coordinados por la diputada Fernanda Vallejos. No hay una conciencia clara de las implicancias que un default tendría luego de la pandemia, cuando el país debería recuperar su actividad, dar empleo y reducir la pobreza de los niveles en que ya nos encontramos.
Incumplir con las obligaciones no arrimará más dinero a las arcas estatales, sino lo contrario. Los países solo las renuevan a su vencimiento, con tasas de interés aun inferiores. Cuando amaine esta emergencia, la Argentina enfrentará un enorme déficit fiscal, altísima inflación, desocupación, niveles de pobreza nunca vistos y un sector privado en terapia intensiva. Sin moneda, sin reservas y sin crédito, lo último que el país necesita es entrar en la “lista negra” de los países en default, ya que solo manteniendo el crédito externo podrá volver a funcionar.
Es como una persona que ha caído al fondo de un profundo pozo y que solo tiene una soga que cuelga desde la boca como alternativa para salir, pero opta por quemarla.
Una revisión a vuelo de pájaro de los males que acarrearía caer en default permite advertir los beneficios de llegar a un acuerdo.
Los bancos mantienen aún un nivel importante de depósitos en dólares que correrán riesgo de evaporarse si se llegase a esa situación. Sin depósitos en dólares, caerá la financiación de exportaciones, indispensables para la recuperación. Fatalmente deberá continuar el control de cambios, el “cepo”, lo que aumentará la “brecha cambiaria” entre el dólar oficial y el dólar “paralelo”. Cuando esa discrepancia es importante, existe un incentivo para sobrefacturar los valores de las importaciones y dejar la diferencia en el exterior. Correlativamente, lo mismo ocurre con las exportaciones, que caerán realmente en volúmenes y también por subfacturación.
El sector público no tendrá acceso al crédito externo en los mercados voluntarios y tampoco podrá esperar un salvataje de organismos multilaterales, dada la cantidad de países que requerirán de ellos por estar en la misma situación. De modo que, en ausencia de reservas, solo quedará la herramienta de la emisión monetaria para cubrir el enorme déficit generado estos meses.
El peso será aun más liviano y la gente se podría volcar a la utilización solo de depósitos a la vista y aumentando la velocidad de circulación del dinero, con todas las consecuencias que la alta inflación tiene sobre precios y salarios, además de las fracturas del tejido social que ello implica.
También se dificultará el crédito externo al sector privado, salvo a tasas exorbitantes y con garantías inusuales, poniendo en riesgo nuevas inversiones. El nuevo nivel de riesgo país quitará viabilidad y los bancos no podrán mantener las líneas de sus corresponsales y perderán capacidad crediticia.
Las industrias, dado que casi todas requieren insumos, partes y piezas importadas, se encontrarán con cuellos de botella o parálisis por cortarse las cartas de crédito de importación y deberán pagar por adelantado lo que requieran traer del exterior.
De igual modo, las líneas aéreas internacionales deberán buscar mecanismos alternativos para continuar operando con pasajeros que compren sus tickets aquí. Aerolíneas Argentinas, si bien aprovechará esta crisis para desplazar a sus competidores domésticos (como las low cost), no tendrá acceso a servicios aeroportuarios ni combustible fuera del país sin pagarlos al contado. Tampoco, para obtener repuestos o pagar leasings.
Las aseguradoras tendrán dificultad para contratar en el exterior los reaseguros.
El default también traerá una conmoción en los contratos internacionales de empresas públicas y privadas, ya que se tratará de una causal de numerosas alteraciones de los términos pactados, fuere para invocar la rescisión, fuere para ajustar precios, cantidades o calidades o para otros imprevistos que llevarán a litigios o arbitrajes indeseados, con impacto en actividades productivas.
Además, el Estado argentino estará expuesto a embargos en jurisdicciones extranjeras (como casi ocurrió con la Fragata Libertad)
El camino no debe conducir a la intervención sobre los canales de comercialización, recreación de las juntas reguladoras, control del comercio exterior o estatizaciones compulsivas. La solución demanda otras alternativas, que no pongan al país en retrospectiva.
