De la Redacción
El Litoral
El artículo 16 de la Constitución Nacional establece: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales antes la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas publicas”.
Para respetar ese artículo y hacer honor a la Carta Magna, es necesario que los jueces también paguen Ganancias, como lo hacen médicos y cualquiera que supere el mínimo imponible. La situación no merece mayor debate alguno. La ciudadanía espera un gesto de todos, también de los jueces.
Si los magistrados pagaran Ganancias, se recaudaría casi lo mismo que se viene recaudando desde Afip por el Impuesto Pais entre enero y septiembre (251.818 millones de pesos) y algo menos de 60.000 millones de lo que ingresa por el impuesto a los combustibles.
Otro caso, por Bienes Personales se vienen recaudando, a septiembre, 292.000 millones. Y todos estos son impuestos aparte que, además, también los pagan directa o indirectamente muchos de los que ya pagan Ganancias.
Según datos que maneja la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), lo que no se recauda por Ganancias a jueces, puede compararse con gastos directos. Por ejemplo, ese dinero es 4 veces lo que Desarrollo Social invertirá en 2023 en políticas alimentarias de comedores escolares y merenderos.
La exención del pago de Ganancias para el Poder Judicial significa un costo de 238.000 millones de pesos para el año que viene.
