La Justicia Federal declaró la inocencia de una joven usuaria de Cannabis medicinal, tras pasar 5 meses presa y ser juzgada penalmente como traficante de drogas.
Se trató de la primera sentencia favorable que reconoce y diferencia la “tenencia de estupefacientes” del uso medicinal del Cannabis de una ciudadana inscripta en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).
El Registro Reprocann fue creado en el 2017, a través de la Ley 27.350 que regula el “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados” en el país.
“Situaciones de estas características se dan por la conflictividad que genera la falta de conocimiento y de armonía que debería tener los tratamientos de la Ley de Drogas con la Ley de Cannabis Medicinal, tal vez se pueda lograr con capacitaciones a los distintos estamentos del Estado”, expresó el abogado defensor de la joven correntina, Mariano Da Vila.
“Es fundamental que se haya reconocido que se trataba de un uso legítimo y autorizado por parte del mismo Estado, y dejándolo por fuera de los tipos penales contemplados en la Ley de Drogas”, sostuvo en diálogo con Radio Unne.
En la Argentina, la Ley 23.737 establece que las personas a las que se les encuentre en su poder drogas, ya sea para uso personal o para venta, serán detenidas o deberán someterse a un tratamiento educativo/terapéutico.
De esta manera, la coerción al tratamiento de las personas que son detenidas por portación de drogas asimila a usuarios con traficantes.
El proceso judicial de la defendida de Da Vila inició tras recibir una denuncia anónima que desencadenó un allanamiento en su domicilio.
Fue imputada y pasó tres meses en prisión preventiva. Más otros dos meses de prisión domiciliaria.
“Se encontraron plantas de Cannabis de distintas medidas, ya que hacía un uso medicinal de la sustancia. Pero las fuerzas de seguridad y la Justicia no actuaron con esta mirada”.
En este sentido, Da Vila consideró: “Aún perduran las costumbres y prácticas judiciales y policiales, que habilitan con un llamado anónimo la invasión a la privacidad de los pacientes”.
El abogado penalista detalló que la estrategia defensiva en la instancia de juicio estuvo direccionada para acreditar la inscripción de la paciente en el Registro Reprocann y que se reconozca el derecho superior de acceso a la salud de la joven.
Da Vila expresó que hay en marcha procesos judiciales de similares características, y destacó que este fallo que dictaminó la inocencia de su defendida sienta jurisprudencia para la protección de usuarios de Cannabis: “Esperamos que en próximos casos se pueda llegar a una resolución más rápida que no implique un perjuicio para los pacientes”.
“Estar sometido a un proceso penal es estigmatizante, un calvario. Aún más cuando se aplican medidas preventivas que afectan a la libertad individual de la persona. Mi defendida perdió el trabajo y vínculos familiares. En los medios salió su nombre, referenciándola como narcotraficante”, enumeró Da Vila.
“Estamos atravesando por cambios de paradigmas, así que es comprensible que se den estos casos porque venimos de un pensamiento prohibicionista. Desde hace un buen tiempo, se está cambiando la mirada sobre el uso de estas sustancias”, consideró el profesional.
Da Vila remarcó la necesidad de “avanzar hacia una política clara de despenalización de la tenencia y consumo” y recordó que esta semana se llevó adelante en todo el país la “Marcha de la Marihuana”.
Este evento tuvo su correlato en Corrientes, el día jueves, con una convocatoria en el Paseo Arazaty en Capital.
Entre los reclamos a nivel federal se solicitó por la “libertad y asistencia a las personas presas por cultivar marihuana”, la capacitación a fuerzas de seguridad y a jueces sobre la ley 27.350 de Cannabis medicinal.
Las organizaciones sociales involucradas y el movimiento cannábico consideraron como prioritario el avance hacia normativas en esta materia “respetuosa de los derechos humanos”, que contemple “la esfera personal, social, la producción y comercialización” de la marihuana y sus derivados para todos los usos.
A su vez, reclamaron a los tres poderes del Estado: el cese inmediato de la persecución a las personas que cultivan y usan Cannabis, la amnistía y liberación de todos los presos por cultivarla, y la reparación de los daños causados por la prohibición de la marihuana.
En esa línea, aportaron datos duros: “En 2021, se abrieron 13.339 causas bajo la Ley 23.737, de las cuales el 50% son tenencia para consumo personal y mayormente de marihuana. A su vez, el 98% de las personas trans en contexto de encierro lo están producto de esta misma legislación”.
En el plano federal, indicaron que, a pesar de los recientes avances legislativos, “la meta sigue siendo la misma”: obtener la regulación de la marihuana para uso responsable y el cese de la persecución a la planta.
“No podemos hablar de economía y producción con cárceles pobladas de presos y presas por marihuana. Exigimos la liberación y reparación histórica de las personas presas por la planta y la modificación urgente de la ley 23.737. Más que nunca, necesitamos un movimiento cannábico unido y a quienes apoyan la causa para seguir conquistando derechos”, expresaba la declaración para la edición de la marcha de este 2022.
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