Más de 20 personas se enteraron de que sus inmuebles tenían otros dueños

Más de 15 personas, en su mayoría profesionales, permanecen detenidas  acusadas de formar parte de una banda delictiva dedicada a falsificar instrumentos públicos y a la compra y venta de inmuebles de manera irregular y concretar así una megaestafa. Entre ellas se destacan el titular de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía, Narciso Santín Tofoletti, la titular del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio, y la escribana Gladys Báez. En las últimas horas se presentaron ante la Justicia cinco pedidos de excarcelación que deberán resolverse esta semana.

El fiscal Gustavo Robineau a cargo de la investigación dio detalles del avance de la causa en declaraciones al programa radial “En el Aire” de María Mercedes Vázquez.

“Durante la investigación se pudo secuestrar el protocolo de la escribanía de Báez, donde tuvimos acceso a todas las escrituras desde 2019 a 2021. Incluso durante el 2022, después de la detención de Báez, se trató de inscribir otros títulos”.

“Desde el Ministerio Público se han comprobado graves irregularidades, omisiones del Registro, en cuanto a trámites que debían ser rechazados directamente u observados pero que han pasado y han sido inscriptos. En esas actuaciones aparece la intervención directa del abogado Pedro Verón y la escribana María Eugenia Demetrio”.

“Tenemos mas de veinte expedientes de ciudadanos comunes que de un día para el otro se enteraron de que sus inmuebles tenían otros dueños, para que vean la gravedad de esta situación. Son inmuebles en diferentes zonas de la provincia: Loreto, Riachuelo, Capital, el loteo que está por Ruta Nº 43, acceso a Santa Ana. Esto genera una inseguridad en la actividad comercial de los inmuebles. Acá lo que se vislumbra es un desastre”.

“Tenemos mucha prueba documental. Ahora el tema de las relaciones personales es muy difícil comprobar, como ser la de la escribana Báez con las autoridades del Registro de la Propiedad y Catastro. Nosotros tenemos las pruebas concretas de las defraudaciones, las estafas, los cambios de titularidad. Pero todavía hay mucha tela por cortar. Puede haber más detenciones. No se descarta nada. El Registro y Catastro han sido parte de una operatoria ilegal”, afirmó Robineau.

“Hemos hecho un análisis exhaustivo de lo principal de la causa, haciendo un recuento de cómo se inició y cómo se fue desarrollando y los aportes significativos que nos permitieron llegar a la conclusión que ya estaba esbozada como hipótesis, que es la participación de personal del Registro y de Catastro en la facilitación en los trámites para lograr esta modalidad defraudatoria que involucra una parte interesante de inmuebles. Esa investigación no surgió de una denuncia del Registro ni de Catastro, sino en base a una investigación del Poder Judicial .

“Nosotros tuvimos una denuncia de los sucesores de Julio Romero que informaron que en su campo se había presentado una persona que dijo ser la nueva dueña, presentando un título de propiedad que aparentemente era legal. Fue emitido por las autoridades del Registro y en base a eso se corroboró que habían inscripto ese inmueble que era de la sucesión,  que hasta  ese momento no había ninguna disposición de parte de los herederos, a nombre de algunas personas, entre ellas el abogado Mario Espíndola, que había adquirido el 50 % de ese inmueble, que son 5 mil hectáreas en la localidad de Loreto. Eso fue en el año 2019. Los abogados de esa sucesión son los que hacen esa denuncia. A raíz de esa denuncia es donde nosotros detectamos la actividad de la escribana Gladys Báez y del abogado Espíndola”.

“Paralelamente había actuaciones en el Juzgado Correccional Nº 2, donde la fiscal González advierte  falsedad de un título que había invocado el abogado Iván Bordón, en una denuncia que le habían hecho a él por usurpación.  Allí presenta un título de propiedad tramitado por la escribana Báez, que se comprueba que era falso. Esa causa en julio de 2021 se remite al Juzgado de Instrucción para que se investigue. En una maniobra que involucraba a Báez, Espíndola y a Bordón. Todo eso estaba en curso cuando el Juzgado Nº 3, a instancias de esta Fiscalía, pide una medida cautelar para que no se expida o que no se anote ninguna transmisión respecto al inmueble de la sucesión de Julio Romero. Fue ahí cuando las autoridades del Registro, tanto el doctor Verón como la escribana Demetrio, preocupados por esa situación, me informan que ya tenían conocimiento de irregularidades porque meses atrás ya las habían puesto en conocimiento de las autoridades de Catastro. 

Entonces, en virtud de la gravedad de esta situación, les pedí que realicen la denuncia en mi turno. Fue así que después de varias comunicaciones telefónicas con el secretario de la Fiscalía, el subdirector del Registro de la Propiedad, Pedro Antonio Verón, hace la denuncia”, precisó el fiscal.