Los electores carecemos aún del insumo tal vez más importante a la hora de definir nuestro voto para las Paso que serán en tres semanas: saber qué proponen los candidatos en temas claves para el cargo que aspiran a ocupar. Faltan debates públicos que permitan confrontar tanto programas de gobiernos como liderazgos. Ningún acto de campaña, spot publicitario ni posteo en redes sociales reemplaza el intercambio de opiniones en un debate abierto.
En Argentina, los debates presidenciales son obligatorios desde 2016, pero solo para después de las Paso, y comprenden a todos los candidatos presidenciales cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para dichas primarias abiertas.
Haber dispuesto por ley los debates presidenciales ha sido un paso importantísimo. No fue fácil llegar a ese acuerdo político por la resistencia que, entre muchos dirigentes, plantea semejante exposición ante la ciudadanía, reacios a aceptar los riesgos de la inmediatez, de la improvisación y a cometer posibles errores.
El debate público entre candidatos a cargos electivos es un derecho de la ciudadanía que esta debería poder ejercer en plenitud y de manera periódica en tiempos de elecciones.
Conocer las propuestas de los aspirantes, contrastándolas en un mismo acto con las de sus contrincantes y viendo cómo se desenvuelven ante temas ríspidos, es clave para adentrarse en un entendimiento más profundo no solo de los objetivos programáticos de la fuerza política que compite, sino de la personalidad de quien se presenta como líder, de quien aspira a regir los destinos de un país.
En esos encuentros pautados para un mismo momento y en un mismo lugar, el elector puede comparar modos de actuar y de comportamiento, apreciar distintos estilos de conducción y sopesar la fuerza de los argumentos que se exponen.
En el choque de opiniones, además, quedan expuestas las fortalezas y debilidades de cada candidato a la hora de defender sus postulados. El lenguaje no verbal resulta también más que interesante: el candidato suele mostrarse tal cual es. Esa mayor visibilidad repercute, en mayor o menor medida, en la toma de decisiones de los electores y redunda en una deseable participación ciudadana a la hora de elegir y de reafirmar su compromiso con ese vital acto de la democracia. De hecho, en numerosos países los debates públicos se han convertido ya en un ritual.
Según nuestra todavía novel legislación, habrá en el país dos debates presidenciales obligatorios después de las Paso del 13 del mes próximo. El primero tendrá lugar el domingo 1° de octubre y el segundo, una semana después: el 8 de octubre. Ambos serán previos a los comicios generales de ese mes. Como dispone la ley, el primero deberá realizarse en el interior del país, en esta oportunidad, en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de Santiago del Estero. El segundo ocurrirá en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En caso de tener que realizarse un ballottage, habrá un tercer encuentro el 12 de noviembre, también en la UBA.
El primer debate presidencial obligatorio tuvo lugar en 2019 en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, entre los entonces candidatos Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal 2030), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar). Los temas acordados fueron relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, género y diversidad, educación y salud.
Antes de la ley, se registraron otros debates muy recordados, como el que tuvo lugar en 2015 entre los entonces postulantes a presidente Mauricio Macri y Daniel Scioli. También, el que protagonizaron Dante Caputo y Vicente Saadi por la solución al diferendo limítrofe con Chile, en 1984, además de varios debates de candidatos a la Jefatura de Gobierno porteña realizados en diversos medios de comunicación.
Resulta imperioso que los candidatos a todas las instancias de gobierno decidan someterse también a un debate antes de las Paso, aun sin contar con una ley que los obligue para esa instancia.