El régimen de excepción que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa, y que le ha permitido neutralizar a las maras en ese país centroamericano, acumula ya más de 71.000 detenidos. No solo las cárceles están desbordadas, sino también los juzgados. En ese contexto, el Parlamento salvadoreño ha aprobado disposiciones transitorias y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, que aumentan las penas para los cabecillas de pandillas y permiten la realización de juicios colectivos. En estas audiencias masivas de hasta 900 detenidos se procesará a estructuras criminales completas, en vez de someter a los acusados a procedimientos individuales. La decisión ha generado alarma en una situación en la que, según calculan organismos de derechos humanos, hay al menos 5.490 “víctimas directas, inocentes” encarceladas por esta política.
Desde el partido Nuevas Ideas alegaron que la medida “facilitaría a los jueces dictar sentencia de forma más rápida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad”. Esta reforma oficializa una práctica que la justicia salvadoreña ya venía realizando de facto ante el elevado número de detenciones de pandilleros, entre ellos miles de ciudadanos que no tienen vínculos con estas estructuras delictivas.
Expertos de ONU alertaron en mayo que las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebraban en grupos de hasta 500 personas. “A los defensores públicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se ha informado sobre juicios masivos. Estos procesos socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, sostienen los expertos.
