Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”, que incluye la brutalidad de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y la persecución a los jueces que los enfrentan, como en el caso de Karina Andrade.
El accionar represivo del Gobierno contra las manifestaciones y la persecución a funcionarios judiciales que lo investigan sigue llamando la atención de la comunidad internacional. Un grupo de relatores de Naciones Unidas expresó su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023” en relación a las respuestas que el Poder Ejecutivo, con Javier Milei a la cabeza, y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dieron a diversas protestas. Tras dos meses de indiferencia, la Rosada solicitó una prórroga para responder a estas advertencias.
A través de una carta formal que enviaron el 12 de mayo pasado, los funcionarios de la ONU expresaron al Gobierno nacional su preocupación por la represión a la protesta pacífica desde diciembre de 2023 en base a un cúmulo de información que recibieron desde entonces sobre diversos episodios. La misiva advierte que las situaciones “alarmantes” sucedieron luego de la aprobación del Protocolo Antipiquetes, que Milei, Bullrich y compañía han aplicado desde entonces. Además de episodios de represión de la protesta social y actitudes que atentan contra la libertad de protesta y de expresión, les relatores especiales pudieron el foco sobre lo que consideraron un “ataque directo a la independencia judicial”, en base a diversas denuncias que recibieron sobre hostigamientos a jueces y fiscales que investigan el accionar represivo.
Les representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU difundieron la carta formal el viernes pasado, tras dos meses de indiferencia de parte del Gobierno nacional, al que habían requerido aportara información sobre los puntos advertidos. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo comandado por Milei solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.
Según la información que recibieron y reciben sobre la situación de la protesta social en Argentina, la actitud del Ejecutivo frente a manifestaciones, concentraciones y asambleas implicó “violaciones a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y asociación, uso desproporcionado de la fuerza, de armas menos letales, y de detenciones arbitrarias en el contexto de asambleas pacíficas; así como violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de detenciones arbitrarias, y acciones que impiden la independencia judicial y, por lo tanto, el acceso a la justicia por los hechos cometidos, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos”.
“Los Estados no solo tienen la obligación negativa de abstenerse de interferir indebidamente en los derechos de reunión pacífica y de asociación, sino también la obligación positiva de facilitar y proteger estos derechos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”, puntualizaron les relatores en su misiva.
Las advertencias y solicitudes las realizaron les relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gilda Romero; sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Saul; sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards; la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Claudia Mahler; y el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Matthew Gillett.
Modus operandi represivo
En el documento, resumieron algunas de las situaciones sobre las que decidieron advertir especialmente: la utilización de “tácticas disuasorias” en asambleas y concentraciones –bloqueo de ingresos a la ciudad de Buenos Aires o de calles en lugares de las concentraciones– el “encierro” de manifestantes, despliegue de un número de vehículos y agentes de fuerzas federales y nacionales “desproporcionados”, uso “permanente de armas menos legales», gases, “personas heridas que no han recibido la atención médica necesaria”, detenciones arbitrarias de manifestantes, periodistas, reporteros, camarógrafos en base a cargos «vagos”, entre otras cuestiones.
Allí, aparecen destacadas las represiones constantes a las manifestaciones que jubilades llevan a cabo cada miércoles en las inmediaciones del Congreso nacional. En especial, la que tuvo lugar frente a la manifestación especialmente concurrida del 12 de marzo pasado, cuando el fotoreportero Pablo Grillo recibió un impacto de granada de gas lacrimógeno de parte de un gendarme en la cabeza, lo que implicó su hospitalización en estado grave. Grillo recién hace algunas semanas pudo volver a su casa. Sobre eso, subrayaron que “los Estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para proteger contra los ataques destinados a silenciar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, incluyendo a los y las periodistas”.
Persecución judicial
También advirtieron sobre episodios persecutorios sufridos por jueces y fiscales a cargo de investigar a miembros de las fuerzas de seguridad o funcionaries por episodios represivos, algo que entienden como “un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”, mencionaron en el documento. “Nos preocupan especialmente los informes sobre procesos penales y disciplinarios contra jueces, en lo que parece ser una represalia por el contenido de una decisión tomada en el ejercicio normal de sus funciones judiciales”.
La jueza Karina Andrade, encargada de investigar las más de 100 detenciones que las fuerzas de seguridad realizaron durante la caza de manifestantes que lanzaron en la represión del 12 de marzo, fue quien llevó a instancias internacionales el hostigamiento que sufrió de parte de funcionarios del Gobierno y hasta el propio Presidente tras liberar a detenidos.
Su denuncia fue recepcionada por la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, a cargo de Margaret Satterthwaite, y unificada con las otras ocho instancias del organismo en relación al desempeño antiderechos del Gobierno.
En su denuncia y pedido de “intervención urgente”, Andrade no solo enumeró todas las denuncias, manifestaciones públicas y hostigamientos personales en su contra difundidos en medios de comunicación y redes sociales, incluyendo amenazas motivadas en su género, que sufrió durante aquellos días. También evidenció un “patrón de hostigamiento estructural contra el Poder Judicial argentino” ejercido por Milei, su gabinete y su fuerza de choque virtual, apuntaron desde la Relatoría a través de un comunicado.
Contexto
Para contextualizar, les relatores indicaron que, en Argentina, empeoramiento del respeto a las libertades y derechos por los que velan sucedió desde fines de 2023, con Milei recién aterrizado en la Casa Rosada, y la puesta en marcha del ‘protocolo antipiquetes’, impulsado por la entonces flamante ministra de Seguridad. Tal protocolo “limita el derecho a la libertad de asamblea y reunión pacífica”, recordaron les relatores especiales en este nuevo intento que realizaron para poner un freno a la actitud violenta gubernamental.
Pero en el recuento de decisiones normativas y legislativas impulsadas o directamente aplicadas por el Gobierno de La Libertad Avanza, no solo mencionaron la aplicación del protocolo antipiquetes. También mencionaron el mega DNU que “derogaba varias leyes, avanzó con procesos de desregulación de asuntos relacionados con la vida social y económica del país”, así como la Ley Bases, que implicó “establecer modificaciones profundas en relación con múltiples derechos incluyendo los laborales, comerciales e industriales, fiscales, entre otros”, y otras normas sobre el uso de armas menos letales, inteligencia, y la reciente “ley anti mafias”, que habilita a la cartera de Bullrich y al Ministerio Público Fiscal a detener personas sin orden judicial, entre otras cosas.
Por último, destacaron que esas reformas “habrían estado acompañadas por discursos hostiles de altos funcionarios, tanto del gobierno nacional como de gobiernos provinciales y locales, contra organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, colectivos y personas que hacían llamados u organizaban movilizaciones pacíficas”. “Expresamos nuestra preocupación por la calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional”, añadieron.
Fuente: Página 12.
