El Gobierno se encamina a pedir la anulación del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (Ciadi) que obliga a la Argentina a pagar US$ 716 millones a AES Corporation. Se trata de la disputa tras la pesificación -realizada a la salida de la convertibilidad- de los contratos de concesión de la represa hidroeléctirca de Alicurá, que está ubicada sobre el Río Limay entre las provincias de Río Negro y Neuquén.
El Ejecutivo asegura que la opción más fuerte que estudia la Procuración General del Tesoro -que preside Santiago Castro Videla- es avanzar a través de la vía de la apelación para postergar el proceso y las negociaciones para efectuar el pago. Se trata de la estrategia judicial que aplica Nación en todos sus procesos en el exterior. “No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar”, agregan en el oficialismo.
Fuentes oficiales al tanto de la defensa legal de la Casa Rosada aseguran además que “lo más lógico es que apelemos”. El pedido de anulación ante el Ciadi puede ser solicitado únicamente dentro de los 120 días desde que se dicta el laudo, que se conoció el 31 de mayo de 2025. Esto le da margen a la mesa judicial de Balcarce 50 hasta fines de septiembre.
Los argumentos que puede invocar en el escrito - según la convención del Ciadi - para solicitar la invalidación del fallo abarca desde la consideración de que el tribunal se constituyó irregularmente hasta que se extralimitó en sus facultades, quebró alguna norma de procedimiento o hubo corrupción por parte de alguno de sus miembros, entre otros puntos.
El pedido de anulación del fallo habilita una suspensión temporal de la ejecución del laudo mientras se abre una instancia procesal que puede extenderse durante varios meses. En caso de darle curso, el Ciadi deberá constituir una comisión ad hoc de tres personas seleccionadas de la lista de árbitros, con la condición de que no hayan participado del proceso previo.
La norma de arbitrariedad del organismo establece que “si el laudo fuere anulado, la diferencia será sometida, a petición de cualquiera de las partes, a la decisión de un nuevo tribunal que deberá constituirse”. Es a través de esta vía que Nación apunta a dilatar la definición judicial para evitar el pago.
La Casa Rosada sostiene que buscará acordar un esquema progresivo de pago solo si el tribunal no le da lugar a su pedido. En Nación circuló la opción de cancelar el monto con AES sin cobrarle el nuevo canon de concesión por la represa Alicurá en caso de que se presente y gane la licitación pública, pero lo descartaron. En Balcarce 50 aseguran que quieren privatizar también las otras tres hidroeléctricas de la región del Comahue.
La empresa acusó a la Argentina de violar en 2002 el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con los Estados Unidos al modificar la condición en el contrato sobre que los ingresos estén nominalizados en dólares. El Estado congeló por años las tarifas eléctricas que cobran los concesionarios. El reclamo inicial fue por US$ 1814 millones, y con intereses podía llegar a más de US$ 2500 millones.
El Gobierno afronta también otros juicios en el exterior que se dirimen en mayor proporción en Nueva York y en Londres. Procuración solicitó esta semana la suspensión de la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. La sentencia abarca el pago de US$ 16.100 millones más intereses.
El Ejecutivo fue condenado también hace dos meses a pagar US$147 millones a la constructora Webuild por congelar los peajes del puente que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe a través de Victoria y Rosario. Cuenta además con el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido que instruye el pago de US$ 1500 millones por el juicio del “Cupón PBI”.
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