La Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) expresó este miércoles su profunda preocupación ante el reciente fallo judicial que restablece el carácter obligatorio del aporte patronal al Instituto Argentino de Capacitación para el Personal de la Industria y Comercio (Inacap), revirtiendo así el Decreto 149/2025 que lo había tornado optativo.
A través de su presidente, Roberto Báez, (Fecorr) advirtió que esta medida representa un nuevo golpe económico para el sector privado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan serias dificultades para sostener su estructura en el actual contexto económico.
“El aporte equivale al 0,5% del sueldo básico de cada empleado de comercio, lo que se traduce en unos 70 mil millones de pesos anuales. Reinstaurarlo como obligatorio es retroceder sobre una decisión que había devuelto libertad a las empresas para elegir en qué invertir sus recursos”, señaló Báez. “No solo preocupa el costo, sino el concepto: si un empresario no ve utilidad en ese gasto, termina trasladándolo al precio final del producto o servicio”, agregó.
El titular de Fecorr también criticó las declaraciones del vicepresidente de la Federación Económica de Corrientes, Iván Vila, quien afirmó que el aporte era voluntario. “No entendemos cómo se puede sostener eso cuando las normativas vigentes indican claramente lo contrario”, expresó.
Desde la entidad correntina remarcaron que esta obligación recae de manera desproporcionada sobre empresas que no están asociadas a cámaras comerciales vinculadas al Inacap ni reciben servicios o contraprestaciones a cambio. “No es justo que un empresario que ha construido su estructura sin apoyo externo esté obligado a financiar instituciones que no lo representan”, sostuvo Báez.
Cuestionamientos al destino de los fondos
Aunque evitó referirse puntualmente a la administración interna del fondo del Inacap, Báez deslizó dudas sobre la transparencia en el uso de esos recursos. “Estamos hablando de cifras millonarias a nivel nacional. Nadie debería verse forzado a financiar algo que no le aporta valor. Si una empresa considera que la capacitación ofrecida no es útil, debe poder abstenerse de financiarla”, afirmó.
Báez también destacó que Fecorr opera con un modelo de financiamiento voluntario, con 65 empresas asociadas que aportan porque consideran útil el servicio brindado. “Esa es la lógica que debería regir: quien ve valor, decide participar”, insistió.
Acciones legales y respaldo a la reforma laboral
Frente al nuevo escenario legal, el presidente de Fecorr confirmó que la organización continuará promoviendo acciones judiciales para preservar el derecho de los empresarios a decidir sobre sus aportes. Además, reafirmó el respaldo de la entidad a las políticas de reforma laboral impulsadas por el gobierno nacional, en especial aquellas orientadas a eliminar las contribuciones obligatorias tanto para empresas como para trabajadores.
“El espíritu del Decreto 149/2025 era claro: garantizar la libertad de asociación. En una economía moderna, los costos deben estar justificados, no impuestos”, concluyó Báez.
Mientras el fallo judicial siga vigente, las empresas deberán retomar el pago del aporte al Inacap, incluso con retroactividad, lo que eleva aún más la presión económica sobre el sector privado.
Fecorr hizo un llamado a las autoridades judiciales y legislativas a revisar la situación con una mirada federal, teniendo en cuenta la realidad de las PyMEs del interior del país, que representan el principal motor de la economía real.
