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“La ley ha perdido todo su contenido moral”

El fiscal Federico Delgado presentará en Corrientes, mañana a las 20, su libro “Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial”. Será en el marco del ciclo “Primavera Planeta” y tendrá lugar en el hotel Guaraní de esta ciudad.

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Por Carlos Lezcano
Especial para El Litoral

El libro, “Injusticia”. Allí, “un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder judicial”. Se trata de Federico Delgado, quien analiza casos puntuales de hechos de corrupción pero también desarrolla conceptos generales del funcionamiento de la justicia federal que permiten comprender sucesos del pasado reciente y del presente con mayor claridad.
El fenómeno de la corrupción es tratado por el fiscal, que además es profesor universitario, en su doble dimensión histórica. Como actualmente permite la literalidad de la palabra que hoy significa un hecho de ilegalidad o de transgresión a la ley, pero también analiza la corrupción en su contenido relacionado al pensamiento político clásico en el sentido de Maquiavelo, sobre todo en los “Discursos de Tito Livio”, donde las repúblicas como las personas eran consideradas como sujetas a los ritmos vitales de crecimiento, enfermedad y decrepitud.
La palabra era usada en el Renacimiento de un modo diferente al actual, ya que señalaba el desvío de la ley por parte de los poderosos que en lugar de servir al bien común se servían del poder para sus propios fines. La corrupción era entonces no ser fiel a la ley y la república.
El libro de Delgado es una posibilidad de ver por dentro el funcionamiento del Poder Judicial federal y las intrigas de los despachos de Comodoro Py.

—El libro comienza con tu entrada al mundo judicial. ¿Cómo fue? 
—Fue un poco casualidad, con un compañero de facultad. Veíamos que la Universidad nos daba muchas herramientas y no teníamos idea de cómo ponerlas en práctica y nos dijimos: “Che, ¿y esto cómo haremos el día de mañana?”. En ese entonces, en los 90, era muy normal que muchas personas entraran a trabajar en tribunales como meritorio. Era trabajar gratis para hacer experiencia y, si algún día había una vacante y más o menos uno servía, los jefes lo tomaban e ingresaban a la carrera judicial. Así ingresé.
—¿Empezaste en la mesa de entradas?
—Absolutamente como meritorio en la mesa de entradas; cosíamos expedientes, atendíamos familiares, calmábamos la ira de los abogados y todas esas cosas que son un poco ingratas porque, en definitiva, el de mesa de entradas siempre es la cara visible de un juzgado. Aunque por ahí tiene poco que ver con lo que ese juzgado produce.
—Decís: “Como fiscal fui y soy testigo del fracaso de la ley como medio para conseguir cosas justas”. ¿Es duro, no? ¿Ser fiscal y encontrarse con esa verdad?
—Y a mí me parece que sí, que es duro. Es muy complicado a resolver en términos personales porque la verdad es que yo lo que vi es que la ley ha perdido todo contenido moral y una ley sin contenido moral se transforma en una herramienta.
Me parece que la ley perdió ese componente de ligar sociedades, cuerpos políticos y de resolver conflictos y se transformó en un garrote o, a veces, es una herramienta que no sirve.
Tenemos la obligación de recuperar la idea de “servicio público” y me parece que como servidores tenemos que ir a nuestro trabajo, cumplir las reglas de acuerdo a las formalidades que nos exigen nuestros reglamentos. Pero también hay que contar qué está bien y contar qué está mal y tratar de remediarlo ¿no?
Tenemos la obligación de contribuir señalando específicamente qué es lo que está mal, sin miedo, pero también tratando de marcar algún sendero que no sé si va a ser una solución, pero por lo menos permitiría iniciar una discusión para tratar de desplazar la ley de esta situación actual y tratar de dotarla de todos esos componentes que en algún momento hicieron que la humanidad dijera que la ley es buena para prensar sociedad y la convivencia humana.
—La justicia es un poder del Estado, por lo tanto, en el sentido republicano del término produce actos de gobierno. ¿Podés contar cómo funciona el Poder Judicial federal de la Nación?
—El Poder Judicial es un poder de gobierno que, de acuerdo al diseño constitucional, entre otras cosas, debe controlar la voluntad casi imperial del Ejecutivo, como tiene nuestra Constitución, y también tiene que controlar al parlamento.
El problema más grande que yo veo que tiene nuestro sistema judicial es que juega un juego que debería controlar; es decir, la justicia debería tener un lugar de cierta distancia con respecto a otros poderes y a veces, por una cuestión que tiene que ver con cómo se define a los funcionarios, cómo se los remueve, cómo se los controla, y por otras variables que yo menciono en el libro, no lo hace; me parece que la Justicia, lejos de controlar el juego, juega el juego.
—Decís en el libro que el sistema judicial no puede actuar como conservador, marxista, oficialista, opositor. Que su guía es la ley.
—Exactamente, lo que pasa es que cuando la Justicia se contamina de sentido político en el peor sentido de la palabra, en el sentido más partidario -no en el sentido de la polis-, me parece que la Justicia deja, abandona el lugar donde fue pensada en el esquema constitucional y empieza a jugar el juego que debería controlar.
Y eso tiene un montón de implicancias, por ahí es más visible para nosotros. Los ciudadanos tienen que ver: tiende a ser tolerante con el poder de turno y después con esas mismas personas es muy cruel cuando el poder se acaba, y es una patología, digamos que ahora por ahí lo estamos viendo con los ex funcionarios kirchneristas; pero si nosotros nos remontamos en el tiempo lo vamos a ver casi siempre en cada transición que haya aquí en Argentina. Es como que es un rasgo patológico que tiene el sistema judicial.
—Tomás a Pierre Bourdieu y su idea de espacio de intereses donde actúa el “homo judicial”. ¿Por qué?
—Sí, yo sigo el esquema de Bourdieu, primero porque me interesa escribir como es el campo judicial y trato de poner que en ese campo las personas juegan intereses y cada interés pone en juego sus capitales, lo que cada persona tiene para ofrecer, y ahí hay lucha, hay un montón de variables cuyo resultado es el sistema judicial que tenemos. Rescato mucho la relación de “habitus” porque lo utilizó para describir las prácticas del sistema judicial y en función de esas prácticas yo trato de trazar un perfil de lo que es globalmente el sistema judicial y que tiene que ver, básicamente, con una cuestión cultural, con las prácticas que llevan adelante los actores. Son las prácticas que tienen una singularidad tal que, al final de cuentas, nunca están buscando justicia, están buscando algún otro tipo de interés, un tipo de justicia un poco más acotada y el resultado, lo que preferimos nosotros.
Bourdieu me parece que es muy interesante como conocimiento analítico porque permite hacer un recorte del campo judicial pero un recorte que no equivale ubicarlo en un compartimiento estanco, y además me parece que la justicia es muy compleja; están los jueces que tienen sus intereses, los fiscales, los abogados, los imputados, las víctimas y cada uno de ellos pone en juego un capital ahí. Ahora el tema es que la justicia debería ser un juego más bien cooperativo, donde todos deberíamos buscar una noción de justicia sustantiva, pero por algunas cuestiones que tienen que ver con elementos que yo trabajo en el libro, los resultados siempre están torcidos con respecto de lo que se plantea en la Constitución.
—¿Qué pasa en la primera instancia? ¿Qué se juega allí?
—Es el primer gran momento, porque es el momento de recolectar las pruebas y es el momento de armar el caso. Lo que pasa es que la justicia nuestra tiene algunos problemas, yo siempre uso en las clases la metáfora del queso, tiene un montón de agujeros. La institución judicial por la que se cuelan demasiados intereses particulares, y a veces la hechura del caso, en la primera instancia, lleva mucho más tiempo del que debería y en ese tiempo que tarda la justicia de más, digamos, no sólo el caso se tuerce, a veces se arma mal, sino que a veces se mezclan los intereses particulares y se empieza a hacer lo que yo lo llamo -a veces- “gerenciamiento del conflicto” y tiene que ver con construir el caso de manera acotada, para trazar los pasos que después pueden terminar en la impunidad.
Señalo el caso de Pontaquarto: una persona que pidió ser condenada y la justicia chequeó su confesión. Contó qué hechos había cometido, cómo los había realizado, con quién había interactuado. El problema fue que entre que esa confesión en primera instancia se armó y se la llevó a instancia de juicio oral, que es el momento donde hay que dictar una sentencia y definir si una persona es culpable o inocente, pasaron más de 10 años. En esos más de 10 años pasaron un montón de cosas, y como la justicia es permeable a muchos intereses particulares, digamos que la lente con la que los jueces miraron el caso fue una lente construida con una suerte de prejuicio predeterminado que sabíamos todos que iba a terminar en una absolución.
Trato de explicar la impunidad, cómo se construye, que a veces se divorcia la ley de la justicia; entonces, la sentencia de los juicios son legales pero no son justas, no son justas porque en el paso del tiempo se juegan algunos comportamientos particularistas que terminan cambiando la morfología de los hechos y al final es una cuestión que lamentablemente es la regla de la misma.
—Una justa injusticia, dirían los romanos...
—Exactamente.
—Me gustaría que cuentes el caso de Román Lejtman... 
—Cuando  entré a  Tribunales era el primer periodista que pateaba los juzgados buscando información, tratando de hablar con los funcionarios de mayor rango sobre los casos que hoy son casos de corrupción, y era un tipo muy temido Lejtman, porque  hacía un periodismo que era desconocido en ese momento en los tribunales. Hablaba con todas las fuentes, descomponía los casos, los volvía a componer y en general decía en aquel entonces, en Página 12, las cosas que los jueces no querían decir. Es un tipo muy temido. 
Después se pierde ese rigor, pero inicialmente hubo un momento en los años 90 donde el periodismo  iba siempre mucho más adelante que la justicia. El periodismo marcó las deficiencias de la justicia construyendo una verdad histórica que está mucho más cerca de los hechos que lo que decía de la justicia.
—¿Por qué es ingrato el trabajo del defensor oficial que vos decís que es un trabajo maravilloso e invisible?
—Porque es un trabajo que no es reconocido. El defensor oficial es un tipo que está todo el tiempo al pie del cañón, muy responsable, que tiene una gimnasia y unos conocimientos esenciales que no tienen los defensores particulares, porque está todo el día trabajando. De los mismos jueces conocen los criterios, los humores, qué argumentos aceptan más, cuál aceptan menos y sin embargo es un lugar de opacidad en los tribunales y son muy reconocidos hacia adentro, pero son casi desconocidos para el gran público.
—Hay denunciantes serios y hay denunciadores seriales.  ¿Cómo es eso?
—El denunciante serial es tremendo, porque hay gente que va todo el tiempo a hacer denuncias. A nosotros nos tocó un señor que tiene algunos problemas importantes, básicamente, que fue declarado inimputable. Pero nuestros códigos no exigen capacidad jurídica para denunciar, por lo tanto cualquier persona puede hacer una denuncia penal. Lo último que denunció era un plan chino-estadounidense para conquistar Vaca Muerta y ahí construir satélites y realizar viajes al exterior.
Va a tribunales para hacer todo tipo de preguntas a las que hay que darles un trámite, hay que recibirlas, hay que escucharlas y después hay que analizarlas a la luz del Código Penal. 
Y después hay denunciantes que son tipos muy serios que hacen el trabajo que por ahí no hace el Estado. Leen el Boletín Oficial, leen el diario, visitan la página de los organismos de control y son, por ejemplo, aquellos muy conocidos como Ricardo Monner Sans, que hizo un montón de denuncias  y que muchas de ellas, generalmente, llegan a juicio oral y hace un trabajo que debería hacer el Estado ¿no? 
—Tenés un capítulo dedicado a Oyarbide. ¿Por qué?
—Lo trato como un concepto, porque me parece que hay una forma de ser juez al modo Oyarbide, que es ser leal a los gobiernos de turno y no a la Constitución ante la cual juró. Cuento un par de anécdotas que me pasaron a mí, que son bastante risueñas pero que pintan de cabo a rabo al personaje. Un personaje que siempre privilegió más la estética personal y la estética en su oficina, e incluyo la estética con las relaciones con el poder instituido, subordinando todo eso al trabajo de él, que era impartir justicia.
—¿Cuáles son los casos relevantes que tenés en estos momentos?
—Sobresale “Argentina-Lava Jato”. Digamos que nosotros estamos trabajando en estos momentos y tenemos la chance de conseguirnos de Brasil toda la información que tiene que ver con los sobornos que pagó Odebrecht de la Argentina para hacer obras públicas. Estamos ofreciendo una gran oportunidad a los argentinos de comprender que  la corrupción no sólo mata, como aprendimos con la causa de “Once”, sino que también la corrupción nos saca jubilaciones, nos saca escuelas, nos saca bienes públicos y nos quita vida pública y, por eso, afecta nuestra vida privada.
—Al final del libro aparece lo cotidiano y la justicia en una trama de pequeñas ilegalidades que conforman un universo cultural, que hace posible -tal vez- el otro más amplio de la corrupción. ¿Podés contarnos cuál es esa idea? 
—Los argentinos tenemos una relación muy complicada con la ley:  los llamo “ilegalismos”. Pequeñas violaciones a la ley forman parte de nuestra identidad personal y nuestra identidad como ciudadanos. Y esas pequeñas prácticas ilícitas que tenemos en nuestros comportamientos diarios, cuando uno lo lleva al plano macro, explican en gran parte la situación actual. Desde el tipo que utiliza la fotocopiadora de su trabajo para sacar fotocopias para su propio bien, que usa el teléfono del Estado para hacer llamadas particulares; desde la persona que cruza el semáforo en rojo o el que trata de colarse en el subterráneo o en el peaje se chupa detrás de otro auto para no  pagarlo. 
Esos microcomportamientos expresan una relación muy complicada que tenemos los argentinos con la ley, que tendemos a cumplirlas cuando nos conviene y a evitarla o a violarla cuando no es así. Me parece que esos microcomportamientos explican la morfología macro de nuestra sociedad y describen de una manera bastante cruel, pero cercana a la realidad, la dinámica de una sociedad donde la ley rige pero no se cumple. 
—¿Qué hace falta para estar en el Poder Judicial?
— Hace falta vocación y, por sobre todas las cosas, comprender que  tratamos temas públicos y que nos dedicamos a tratar de solucionar conflictos, a tratar de aplicar la ley y a renunciar a un montón de cosas. El servicio público es eso, servicio público. No hace falta tener grandes trajes, autos ni choferes.

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“La ley ha perdido todo su contenido moral”

El fiscal Federico Delgado presentará en Corrientes, mañana a las 20, su libro “Injusticia. Un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial”. Será en el marco del ciclo “Primavera Planeta” y tendrá lugar en el hotel Guaraní de esta ciudad.

Por Carlos Lezcano
Especial para El Litoral

El libro, “Injusticia”. Allí, “un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder judicial”. Se trata de Federico Delgado, quien analiza casos puntuales de hechos de corrupción pero también desarrolla conceptos generales del funcionamiento de la justicia federal que permiten comprender sucesos del pasado reciente y del presente con mayor claridad.
El fenómeno de la corrupción es tratado por el fiscal, que además es profesor universitario, en su doble dimensión histórica. Como actualmente permite la literalidad de la palabra que hoy significa un hecho de ilegalidad o de transgresión a la ley, pero también analiza la corrupción en su contenido relacionado al pensamiento político clásico en el sentido de Maquiavelo, sobre todo en los “Discursos de Tito Livio”, donde las repúblicas como las personas eran consideradas como sujetas a los ritmos vitales de crecimiento, enfermedad y decrepitud.
La palabra era usada en el Renacimiento de un modo diferente al actual, ya que señalaba el desvío de la ley por parte de los poderosos que en lugar de servir al bien común se servían del poder para sus propios fines. La corrupción era entonces no ser fiel a la ley y la república.
El libro de Delgado es una posibilidad de ver por dentro el funcionamiento del Poder Judicial federal y las intrigas de los despachos de Comodoro Py.

—El libro comienza con tu entrada al mundo judicial. ¿Cómo fue? 
—Fue un poco casualidad, con un compañero de facultad. Veíamos que la Universidad nos daba muchas herramientas y no teníamos idea de cómo ponerlas en práctica y nos dijimos: “Che, ¿y esto cómo haremos el día de mañana?”. En ese entonces, en los 90, era muy normal que muchas personas entraran a trabajar en tribunales como meritorio. Era trabajar gratis para hacer experiencia y, si algún día había una vacante y más o menos uno servía, los jefes lo tomaban e ingresaban a la carrera judicial. Así ingresé.
—¿Empezaste en la mesa de entradas?
—Absolutamente como meritorio en la mesa de entradas; cosíamos expedientes, atendíamos familiares, calmábamos la ira de los abogados y todas esas cosas que son un poco ingratas porque, en definitiva, el de mesa de entradas siempre es la cara visible de un juzgado. Aunque por ahí tiene poco que ver con lo que ese juzgado produce.
—Decís: “Como fiscal fui y soy testigo del fracaso de la ley como medio para conseguir cosas justas”. ¿Es duro, no? ¿Ser fiscal y encontrarse con esa verdad?
—Y a mí me parece que sí, que es duro. Es muy complicado a resolver en términos personales porque la verdad es que yo lo que vi es que la ley ha perdido todo contenido moral y una ley sin contenido moral se transforma en una herramienta.
Me parece que la ley perdió ese componente de ligar sociedades, cuerpos políticos y de resolver conflictos y se transformó en un garrote o, a veces, es una herramienta que no sirve.
Tenemos la obligación de recuperar la idea de “servicio público” y me parece que como servidores tenemos que ir a nuestro trabajo, cumplir las reglas de acuerdo a las formalidades que nos exigen nuestros reglamentos. Pero también hay que contar qué está bien y contar qué está mal y tratar de remediarlo ¿no?
Tenemos la obligación de contribuir señalando específicamente qué es lo que está mal, sin miedo, pero también tratando de marcar algún sendero que no sé si va a ser una solución, pero por lo menos permitiría iniciar una discusión para tratar de desplazar la ley de esta situación actual y tratar de dotarla de todos esos componentes que en algún momento hicieron que la humanidad dijera que la ley es buena para prensar sociedad y la convivencia humana.
—La justicia es un poder del Estado, por lo tanto, en el sentido republicano del término produce actos de gobierno. ¿Podés contar cómo funciona el Poder Judicial federal de la Nación?
—El Poder Judicial es un poder de gobierno que, de acuerdo al diseño constitucional, entre otras cosas, debe controlar la voluntad casi imperial del Ejecutivo, como tiene nuestra Constitución, y también tiene que controlar al parlamento.
El problema más grande que yo veo que tiene nuestro sistema judicial es que juega un juego que debería controlar; es decir, la justicia debería tener un lugar de cierta distancia con respecto a otros poderes y a veces, por una cuestión que tiene que ver con cómo se define a los funcionarios, cómo se los remueve, cómo se los controla, y por otras variables que yo menciono en el libro, no lo hace; me parece que la Justicia, lejos de controlar el juego, juega el juego.
—Decís en el libro que el sistema judicial no puede actuar como conservador, marxista, oficialista, opositor. Que su guía es la ley.
—Exactamente, lo que pasa es que cuando la Justicia se contamina de sentido político en el peor sentido de la palabra, en el sentido más partidario -no en el sentido de la polis-, me parece que la Justicia deja, abandona el lugar donde fue pensada en el esquema constitucional y empieza a jugar el juego que debería controlar.
Y eso tiene un montón de implicancias, por ahí es más visible para nosotros. Los ciudadanos tienen que ver: tiende a ser tolerante con el poder de turno y después con esas mismas personas es muy cruel cuando el poder se acaba, y es una patología, digamos que ahora por ahí lo estamos viendo con los ex funcionarios kirchneristas; pero si nosotros nos remontamos en el tiempo lo vamos a ver casi siempre en cada transición que haya aquí en Argentina. Es como que es un rasgo patológico que tiene el sistema judicial.
—Tomás a Pierre Bourdieu y su idea de espacio de intereses donde actúa el “homo judicial”. ¿Por qué?
—Sí, yo sigo el esquema de Bourdieu, primero porque me interesa escribir como es el campo judicial y trato de poner que en ese campo las personas juegan intereses y cada interés pone en juego sus capitales, lo que cada persona tiene para ofrecer, y ahí hay lucha, hay un montón de variables cuyo resultado es el sistema judicial que tenemos. Rescato mucho la relación de “habitus” porque lo utilizó para describir las prácticas del sistema judicial y en función de esas prácticas yo trato de trazar un perfil de lo que es globalmente el sistema judicial y que tiene que ver, básicamente, con una cuestión cultural, con las prácticas que llevan adelante los actores. Son las prácticas que tienen una singularidad tal que, al final de cuentas, nunca están buscando justicia, están buscando algún otro tipo de interés, un tipo de justicia un poco más acotada y el resultado, lo que preferimos nosotros.
Bourdieu me parece que es muy interesante como conocimiento analítico porque permite hacer un recorte del campo judicial pero un recorte que no equivale ubicarlo en un compartimiento estanco, y además me parece que la justicia es muy compleja; están los jueces que tienen sus intereses, los fiscales, los abogados, los imputados, las víctimas y cada uno de ellos pone en juego un capital ahí. Ahora el tema es que la justicia debería ser un juego más bien cooperativo, donde todos deberíamos buscar una noción de justicia sustantiva, pero por algunas cuestiones que tienen que ver con elementos que yo trabajo en el libro, los resultados siempre están torcidos con respecto de lo que se plantea en la Constitución.
—¿Qué pasa en la primera instancia? ¿Qué se juega allí?
—Es el primer gran momento, porque es el momento de recolectar las pruebas y es el momento de armar el caso. Lo que pasa es que la justicia nuestra tiene algunos problemas, yo siempre uso en las clases la metáfora del queso, tiene un montón de agujeros. La institución judicial por la que se cuelan demasiados intereses particulares, y a veces la hechura del caso, en la primera instancia, lleva mucho más tiempo del que debería y en ese tiempo que tarda la justicia de más, digamos, no sólo el caso se tuerce, a veces se arma mal, sino que a veces se mezclan los intereses particulares y se empieza a hacer lo que yo lo llamo -a veces- “gerenciamiento del conflicto” y tiene que ver con construir el caso de manera acotada, para trazar los pasos que después pueden terminar en la impunidad.
Señalo el caso de Pontaquarto: una persona que pidió ser condenada y la justicia chequeó su confesión. Contó qué hechos había cometido, cómo los había realizado, con quién había interactuado. El problema fue que entre que esa confesión en primera instancia se armó y se la llevó a instancia de juicio oral, que es el momento donde hay que dictar una sentencia y definir si una persona es culpable o inocente, pasaron más de 10 años. En esos más de 10 años pasaron un montón de cosas, y como la justicia es permeable a muchos intereses particulares, digamos que la lente con la que los jueces miraron el caso fue una lente construida con una suerte de prejuicio predeterminado que sabíamos todos que iba a terminar en una absolución.
Trato de explicar la impunidad, cómo se construye, que a veces se divorcia la ley de la justicia; entonces, la sentencia de los juicios son legales pero no son justas, no son justas porque en el paso del tiempo se juegan algunos comportamientos particularistas que terminan cambiando la morfología de los hechos y al final es una cuestión que lamentablemente es la regla de la misma.
—Una justa injusticia, dirían los romanos...
—Exactamente.
—Me gustaría que cuentes el caso de Román Lejtman... 
—Cuando  entré a  Tribunales era el primer periodista que pateaba los juzgados buscando información, tratando de hablar con los funcionarios de mayor rango sobre los casos que hoy son casos de corrupción, y era un tipo muy temido Lejtman, porque  hacía un periodismo que era desconocido en ese momento en los tribunales. Hablaba con todas las fuentes, descomponía los casos, los volvía a componer y en general decía en aquel entonces, en Página 12, las cosas que los jueces no querían decir. Es un tipo muy temido. 
Después se pierde ese rigor, pero inicialmente hubo un momento en los años 90 donde el periodismo  iba siempre mucho más adelante que la justicia. El periodismo marcó las deficiencias de la justicia construyendo una verdad histórica que está mucho más cerca de los hechos que lo que decía de la justicia.
—¿Por qué es ingrato el trabajo del defensor oficial que vos decís que es un trabajo maravilloso e invisible?
—Porque es un trabajo que no es reconocido. El defensor oficial es un tipo que está todo el tiempo al pie del cañón, muy responsable, que tiene una gimnasia y unos conocimientos esenciales que no tienen los defensores particulares, porque está todo el día trabajando. De los mismos jueces conocen los criterios, los humores, qué argumentos aceptan más, cuál aceptan menos y sin embargo es un lugar de opacidad en los tribunales y son muy reconocidos hacia adentro, pero son casi desconocidos para el gran público.
—Hay denunciantes serios y hay denunciadores seriales.  ¿Cómo es eso?
—El denunciante serial es tremendo, porque hay gente que va todo el tiempo a hacer denuncias. A nosotros nos tocó un señor que tiene algunos problemas importantes, básicamente, que fue declarado inimputable. Pero nuestros códigos no exigen capacidad jurídica para denunciar, por lo tanto cualquier persona puede hacer una denuncia penal. Lo último que denunció era un plan chino-estadounidense para conquistar Vaca Muerta y ahí construir satélites y realizar viajes al exterior.
Va a tribunales para hacer todo tipo de preguntas a las que hay que darles un trámite, hay que recibirlas, hay que escucharlas y después hay que analizarlas a la luz del Código Penal. 
Y después hay denunciantes que son tipos muy serios que hacen el trabajo que por ahí no hace el Estado. Leen el Boletín Oficial, leen el diario, visitan la página de los organismos de control y son, por ejemplo, aquellos muy conocidos como Ricardo Monner Sans, que hizo un montón de denuncias  y que muchas de ellas, generalmente, llegan a juicio oral y hace un trabajo que debería hacer el Estado ¿no? 
—Tenés un capítulo dedicado a Oyarbide. ¿Por qué?
—Lo trato como un concepto, porque me parece que hay una forma de ser juez al modo Oyarbide, que es ser leal a los gobiernos de turno y no a la Constitución ante la cual juró. Cuento un par de anécdotas que me pasaron a mí, que son bastante risueñas pero que pintan de cabo a rabo al personaje. Un personaje que siempre privilegió más la estética personal y la estética en su oficina, e incluyo la estética con las relaciones con el poder instituido, subordinando todo eso al trabajo de él, que era impartir justicia.
—¿Cuáles son los casos relevantes que tenés en estos momentos?
—Sobresale “Argentina-Lava Jato”. Digamos que nosotros estamos trabajando en estos momentos y tenemos la chance de conseguirnos de Brasil toda la información que tiene que ver con los sobornos que pagó Odebrecht de la Argentina para hacer obras públicas. Estamos ofreciendo una gran oportunidad a los argentinos de comprender que  la corrupción no sólo mata, como aprendimos con la causa de “Once”, sino que también la corrupción nos saca jubilaciones, nos saca escuelas, nos saca bienes públicos y nos quita vida pública y, por eso, afecta nuestra vida privada.
—Al final del libro aparece lo cotidiano y la justicia en una trama de pequeñas ilegalidades que conforman un universo cultural, que hace posible -tal vez- el otro más amplio de la corrupción. ¿Podés contarnos cuál es esa idea? 
—Los argentinos tenemos una relación muy complicada con la ley:  los llamo “ilegalismos”. Pequeñas violaciones a la ley forman parte de nuestra identidad personal y nuestra identidad como ciudadanos. Y esas pequeñas prácticas ilícitas que tenemos en nuestros comportamientos diarios, cuando uno lo lleva al plano macro, explican en gran parte la situación actual. Desde el tipo que utiliza la fotocopiadora de su trabajo para sacar fotocopias para su propio bien, que usa el teléfono del Estado para hacer llamadas particulares; desde la persona que cruza el semáforo en rojo o el que trata de colarse en el subterráneo o en el peaje se chupa detrás de otro auto para no  pagarlo. 
Esos microcomportamientos expresan una relación muy complicada que tenemos los argentinos con la ley, que tendemos a cumplirlas cuando nos conviene y a evitarla o a violarla cuando no es así. Me parece que esos microcomportamientos explican la morfología macro de nuestra sociedad y describen de una manera bastante cruel, pero cercana a la realidad, la dinámica de una sociedad donde la ley rige pero no se cumple. 
—¿Qué hace falta para estar en el Poder Judicial?
— Hace falta vocación y, por sobre todas las cosas, comprender que  tratamos temas públicos y que nos dedicamos a tratar de solucionar conflictos, a tratar de aplicar la ley y a renunciar a un montón de cosas. El servicio público es eso, servicio público. No hace falta tener grandes trajes, autos ni choferes.