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/Ellitoral.com.ar/ Interior

Acto, allanamientos y pedidos de informes por la denuncia de ex intendente al actual

Integrantes de Cambio Solidario se congregaron en la noche del martes para expresar su apoyo a Caram. Ayer, por unanimidad, el Concejo pidió que el jefe Comunal envíe respuestas. Desde la mañana y hasta la tarde, la Justicia buscó documentación en la Municipalidad para investigar si existen o no planes truchos y sobresueldos. 

 El ex intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, en la mañana del martes denunció en una conferencia de prensa primero y en la Fiscalía después, que presuntamente en la Municipalidad se estaban abonando unos 74 planes truchos y sobresueldos. Estas acusaciones fueron refutadas por el jefe comunal Diego Caram que, por la noche, recibió el respaldo de funcionarios y militantes de Cambio Solidario. Mientras que ayer hubo una sesión especial en el Concejo que aprobó pedidos de informes y la jueza de Instrucción y Correccional ordenó el allanamiento que se extendió por varias horas.

“No voy a renunciar”, aseguró Caram en la noche del martes. Estas palabras las pronunció en la misma sede partidaria donde, horas antes, Cemborain lo acusó del presunto pago de planes sociales truchos y de cobrar un sueldo mayor a lo que el ex funcionario estima que debería.

Esa afirmación la realizó el intendente durante un acto en el que participaron integrantes de Cambio Solidario. Fue el único orador y allí volvió a ratificar lo que había dicho tras la conferencia y en una carta abierta a los vecinos: que en el Municipio no hay irregularidades.

También, durante la jornada del martes, los concejales del bloque de la oposición (ECO) solicitaron una sesión especial a fin de tratar las denuncias realizadas públicamente por el ex intendente. “Desde la bancada oficialista se comunicaron con nosotros por el mismo tema y finalmente se unificaron los pedidos mediante un proyecto de interbloques”, contó el edil Gerardo Condado. Por ello, ayer a las 9.45, los concejales sesionaron y de forma unánime resolvieron que en un plazo de 48 horas, el intendente deberá enviar documentación referida a los pagos de planes sociales que en julio, agosto y septiembre del corriente año. Además, tendrá que remitir lo referente a la liquidación de haberes del jefe comunal.

“En realidad, nosotros ya habíamos presentado pedidos por dudas referidas al pago de los planes sociales por parte de la Comuna, pero lamentablemente nunca salieron de la comisión. Inclusive en el 2016, el Tribunal de Cuentas Municipal alertó sobre presuntas anomalías y hasta llevamos el caso ante la Justicia”, recordó Condado a El Litoral.

Seguidamente, indicó: “Pero desde que quedamos en minoría en el 2017, ya no pudimos hacer más nada porque por más que pidamos explicaciones, no aprueban los requerimientos”. Con respecto a esto, acotó que “esta situación ahora tomó mayor notoriedad porque quien hizo la denuncia pública, pero hace tiempo que existen objeciones con respecto a los pagos”.

En este contexto, comentó que “tampoco se está cumpliendo una ordenanza del 2014 que establece que esos abonos deben estar bancarizados”.

Pero más allá de lo sucedido anteriormente, ahora el Concejo resolvió pedir detalles tanto sobre quiénes son los beneficiarios de los planes sociales y cuánto cobran, como así también datos sobre los haberes percibidos por el jefe comunal.

Esos datos, según el plazo fijado en el recinto legislativo, concluiría mañana.

Documentaciones

Mientras en el recinto sesionaban, con una orden de la jueza de Instrucción y Correccional de Mercedes, Margarita López Rivadeneira, el fiscal Adrián Casarrubia lideraba un allanamiento en la Municipalidad. Junto con personal judicial y de las fuerzas de seguridad, comenzó la tarea de búsqueda y secuestro de documentación referida al presunto pago de planes sociales truchos, como así también lo vinculado al sueldo del titular del Ejecutivo.

Precisamente, antes de iniciar esa tarea, fue el propio intendente quien escuchó la notificación de la orden judicial. A través de esa resolución, la magistrada precisó los lugares donde se realizarían los allanamientos, tales como las oficinas del área de Personal, de Contabilidad, de Archivo y la oficina privada de Caram.

Asimismo, López Rivadeneira incluyó en la orden el retiro de los equipos de informática de la oficina de Personal para realizar la pericia correspondiente.

El allanamiento que comenzó a la mañana, según precisó Impacto Corrientes a este medio gráfico, concluyó aproximadamente a las 18.40.

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