En San Roque se realizó anoche una nueva sesión ordinaria. El orden del día incluyó varios temas que generaron y generan fuertes debates entre los integrantes de los diferentes bloques. Finalmente, por mayoría simple, fue desestimado un pedido de juicio político contra el viceintendente y presidente del Concejo por la supuesta acumulación de cargos rentados. Pero además, por cinco votos contra tres, el Legislativo resolvió solicitar al Tribunal de Cuentas que audite las finanzas comunales e instar al Ejecutivo municipal a que inicie el proceso para designar un síndico.
“Ya hizo la denuncia en mi contra ante la Justicia, donde tengo previsto presentarme y dar los fundamentos necesarios para probar que no cometí ningún ilícito. Pero ahora intentó destituirme a través del Concejo para tratar de desviar la atención de algo muy importante: que el Municipio -pese a los pedidos realizados desde el cuerpo deliberativo- sigue sin enviar los balances de los últimos 20 días del 2017 y todo el 2018”, manifestó a El Litoral el viceintendente y presidente del recinto local, José Altamirano. Haciendo referencia al pedido que realizó la concejal Adriana Carmagnola.
Precisamente, la edil mocionó anoche para que el citado funcionario sea sometido a juicio político, como así también que fuera separado del cargo mientras se desarrollaba ese proceso. Argumentó su requerimiento en que Altamirano habría cobrado, al menos hasta diciembre del 2018, por tres cargos que, considera, son incompatibles. Ese fue el mismo fundamento que expuso en la denuncia que semanas atrás presentó. “Mi denuncia está documentada y por eso está citado a declarar el 19 de junio en un Juzgado de Goya”, indicó Carmagnola a El Litoral. A la vez, agregó que “por eso considero que debería realizarse el juicio político y ser separado del cargo. Pero por cuatro votos contra tres fue desestimado mi pedido”. En este sentido, precisó que avalaron su planteo las concejales Teresa Alderete y Laura Salinas. Mientras que lo rechazaron los concejales Edgardo Wetzel, Eugenia Zanón, Lorena Caballero e Isabel Montenegro.
Después de la desestimación del juicio político en su contra, Altamirano insistió: “Tengo cómo probar que no cometí ninguna irregularidad y presentaré las pruebas que sean necesarias en la Justicia”.
Seguidamente, el presidente del recinto municipal comentó que “es llamativo que la misma concejal que pretende destituirme no presentó la constancia de su licencia por el cargo que posee como personal de planta permanente del Municipio”. En referencia a esto adelantó que “también se le requerirá que presente un documento que acredite que en su momento ella pidió la licencia sin goce de haberes”.
Control
Otro de los temas que nuevamente fueron parte del orden del día fue la ausencia de los balances municipales. Es que, según lo indicado desde el recinto, el Ejecutivo municipal no remitió los balances de los últimos 20 días del 2017 y los correspondientes a todo el año pasado. Por ello, con el voto de cinco de los siete integrantes del Concejo se resolvió solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia que audite las finanzas municipales.
Con la misma cantidad de avales, también fue aprobado otro proyecto referido a instar al Municipio a que designe un síndico. Un rol que, sostienen, estaría vacante hace tiempo.
