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Readecuan proceso de daños y perjuicios y acortan plazos

 La jueza en lo Civil y Comercial Nº 2, doctora Graciela Liliana Lisceiko, adecuó un proceso de “Daños y perjuicios” que se inició en octubre de 2015 al Protocolo de Oralidad aprobado por acuerdo Nº 11/19 Pto. 14, luego de realizada la primera audiencia preliminar el 19 de junio de 2019.
En esa audiencia preliminar advirtió a las partes que la segunda, fijada para el 6 de agosto, sería aplicando la oralidad.
En ese marco, esa segunda audiencia se materializó videofilmada y la magistrada tomó declaración a tres testigos. Además, el apoderado de la clínica demandada realizó su alegato, lo que acortó el proceso sustancialmente.
La parte actora presentará su alegato por escrito, por lo que se le brindó una copia de la filmación de esta última audiencia y una vez que materialice dicha presentación (tiene 6 días para hacerlo), el expediente se encontrará en condiciones de llamamiento de autos para sentencia.
La readecuación del proceso, que se inició en el año 2015 a los parámetros de la oralidad permitió acelerar los tiempos, ya que los testigos declararon en la misma audiencia y la magistrada les tomó declaración en presencia de las partes y sus abogados. La parte demandada también concretó su alegato en el mismo acto.

Los hechos
El domingo 17 de agosto de 2014, a las 15 horas aproximadamente, una mujer se dirigió a una clínica privada con su hijo que aparentemente se había fracturado un brazo jugando.
En la clínica lo atendió la médica de guardia, quien “desde lejos” les dijo que “podría ser una fractura de codo, pero que por ser domingo no estaba el radiólogo ni el traumatólogo, por lo que deberían esperar o ir a otro lugar”.
Una hora después llegó el radiólogo y luego de hacer los estudios necesarios constató la fractura.
Como no había traumatólogo de turno, le comunicaron a la mujer que convocarían a un especialista de la cartilla de prestadores de su obra social.
A las 18 horas le avisaron que el único traumatólogo hallado estaba de guardia en el Hospital de Niños, lugar al que llevó a su hijo para que fuera atendido.
La mujer le inició a la clínica privada un reclamo por daños y perjuicios por considerar que ella y su hijo no recibieron un trato digno como paciente, por lo que reclama un resarcimiento de 100 mil pesos.
La actora, en su presentación, indicó que “en todas esas horas de espera hemos sido destratados por el personal de la clínica, habiéndosenos humillado como personas y tratados de muy mala manera sin tener en cuenta la desesperación de dos padres al ver a su hijo llorar de dolor y ver que en la clínica no hagan nada por ayudarlo es doblemente desesperante”.
En una primera audiencia realizada el 12 de febrero de 2019, a pedido de la actora, no se llegó a un acuerdo.
El 19 de junio se llevó adelante la audiencia conciliatoria propiamente dicha, convocada por la jueza, donde se acordó la exclusión de la aseguradora de la clínica, ya que no existió mala praxis, sino que el reclamo de la actora se basó en la denuncia por mala calidad en la atención previa a la prestación del servicio propiamente dicho.

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Readecuan proceso de daños y perjuicios y acortan plazos

 La jueza en lo Civil y Comercial Nº 2, doctora Graciela Liliana Lisceiko, adecuó un proceso de “Daños y perjuicios” que se inició en octubre de 2015 al Protocolo de Oralidad aprobado por acuerdo Nº 11/19 Pto. 14, luego de realizada la primera audiencia preliminar el 19 de junio de 2019.
En esa audiencia preliminar advirtió a las partes que la segunda, fijada para el 6 de agosto, sería aplicando la oralidad.
En ese marco, esa segunda audiencia se materializó videofilmada y la magistrada tomó declaración a tres testigos. Además, el apoderado de la clínica demandada realizó su alegato, lo que acortó el proceso sustancialmente.
La parte actora presentará su alegato por escrito, por lo que se le brindó una copia de la filmación de esta última audiencia y una vez que materialice dicha presentación (tiene 6 días para hacerlo), el expediente se encontrará en condiciones de llamamiento de autos para sentencia.
La readecuación del proceso, que se inició en el año 2015 a los parámetros de la oralidad permitió acelerar los tiempos, ya que los testigos declararon en la misma audiencia y la magistrada les tomó declaración en presencia de las partes y sus abogados. La parte demandada también concretó su alegato en el mismo acto.

Los hechos
El domingo 17 de agosto de 2014, a las 15 horas aproximadamente, una mujer se dirigió a una clínica privada con su hijo que aparentemente se había fracturado un brazo jugando.
En la clínica lo atendió la médica de guardia, quien “desde lejos” les dijo que “podría ser una fractura de codo, pero que por ser domingo no estaba el radiólogo ni el traumatólogo, por lo que deberían esperar o ir a otro lugar”.
Una hora después llegó el radiólogo y luego de hacer los estudios necesarios constató la fractura.
Como no había traumatólogo de turno, le comunicaron a la mujer que convocarían a un especialista de la cartilla de prestadores de su obra social.
A las 18 horas le avisaron que el único traumatólogo hallado estaba de guardia en el Hospital de Niños, lugar al que llevó a su hijo para que fuera atendido.
La mujer le inició a la clínica privada un reclamo por daños y perjuicios por considerar que ella y su hijo no recibieron un trato digno como paciente, por lo que reclama un resarcimiento de 100 mil pesos.
La actora, en su presentación, indicó que “en todas esas horas de espera hemos sido destratados por el personal de la clínica, habiéndosenos humillado como personas y tratados de muy mala manera sin tener en cuenta la desesperación de dos padres al ver a su hijo llorar de dolor y ver que en la clínica no hagan nada por ayudarlo es doblemente desesperante”.
En una primera audiencia realizada el 12 de febrero de 2019, a pedido de la actora, no se llegó a un acuerdo.
El 19 de junio se llevó adelante la audiencia conciliatoria propiamente dicha, convocada por la jueza, donde se acordó la exclusión de la aseguradora de la clínica, ya que no existió mala praxis, sino que el reclamo de la actora se basó en la denuncia por mala calidad en la atención previa a la prestación del servicio propiamente dicho.