Vecinos de San Luis del Palmar presentaron el pasado viernes una nueva nota en la Municipalidad. En esta oportunidad, solicitaron una serie de documentos para saber cuáles fueron los fundamentos de la Comuna para otorgar la prefactibilidad a un plan que contemplaría la instalación de una planta de tratamiento de residuos en el paraje Pontón. Por su parte el Ejecutivo local, tal como lo informó este diario el pasado miércoles 8, emitió un comunicado en el que argumentó: “Ante la presentación del proyecto realizado por la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos de la ciudad de Corrientes se otorgó la autorización de prefactibilidad; pero al solo y único efecto de que la firma presente el proyecto ante el Icaa, organismo dependiente del Gobierno de la Provincia que realizará el estudio de impacto ambiental y analizará técnicamente la iniciativa”.
“Nosotros lo que le pedimos al Municipio es que nos brinde copia de todo lo relacionado a la solicitud de la empresa que haya generado la aprobación de la prefactibilidad del uso del suelo”, comentaron pobladores a El Litoral. Tras lo cual precisaron que ese requerimiento está fundado en la normativa vigente que fue detallada en la nota que el viernes presentaron en la mesa de entrada del edificio comunal con la rúbrica de los abogados, Milagros Alcaraz, Alberto Sena y Juan Ramón Romero.
Precisamente en el citado escrito pidieron “un informe con copia certificada de los estudios de impacto ambiental y estudio de factibilidad del suelo que realizó el Municipio de San Luis del Palmar con los profesionales competentes en la materia, previamente a otorgar la autorización de prefactibilidad al anteproyecto”.
En el siguiente ítems, que solicitaron los pobladores es “una copia certificada del contrato de adhesión que la Municipalidad firmó con la Provincia de Corrientes y otros municipios, el 19 de marzo de 2018 y que fue denominado Plan Girsu”. Asimismo, requirieron información tanto sobre las publicaciones del boletín oficial del Municipio como así también si la prefactibilidad fue avalada por la Secretaría de Ambiente y, de ser así, quién es la persona que ejerce ese rol.
En este contexto, insistieron en que “los requerimientos son producidos por considerar que está en riesgo nuestro territorio, nuestra salud, nuestro aire y nuestras aguas”. Sobre eso último, recordaron una serie de normativas vigentes, tales como la Ley 25.831 referida al régimen de libre acceso a la información pública ambiental y la Ley 25.675.
Por último, los letrados que representan a los vecinos ratificaron que “la población de San Luis va a agotar todos los medios para evitar que una empresa privada vuelque residuos de otra jurisdicción en nuestro territorio, lo cual está prohibido en nuestra Carta Orgánica”.
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