La censura también mata

Cotidianamente, en diversos confines de la tierra, se nos quiere hacer creer que la libertad de expresión, en sus variadas formas, integra un modelo republicano tradicional, algo añejo, alejado de los sectores menos favorecidos y que su plena vigencia solo beneficia a personas de elevados ingresos, que ya han cubierto sus necesidades más elementales. La tesis en cuestión se completa con la afirmación de que son las democracias acotadas, ya sean del tipo cesarista, plebiscitario o populista, las que defienden con mayor vigor a los que menos tienen.

De esta forma pretenden hacernos llegar a la equivocada conclusión de que los ciudadanos deberían entregar gran parte de sus derechos a manos del líder de turno, que mediante la utilización de un Estado autoritario y discrecional asegurase eficazmente los intereses de los más necesitados.

La historia refuta claramente esta corriente de opinión; las libertades del hombre son, en cada caso, las mayores herramientas de los ciudadanos para poder progresar, sobrevivir y aun mejorar su situación sin temer a un futuro incierto.

El reciente ejemplo de lo ocurrido con el médico chino, Li Wenliang, que intentó denunciar públicamente la existencia del llamado coronavirus y su incipiente propagación, y que fue reprimido por el Estado de la República Popular China en aras de una supuesta “razón de Estado”, nos lleva a tomar conciencia del peligro que se cierne sobre el mundo ante la existencia de estos regímenes políticos que intentan controlar “la opinión pública”, subestimando el costo de poner en peligro la vida de las personas y cuyas consecuencias, aún hoy, no podemos cuantificar.

El ejemplo es aterrador pero no es nuevo; hace tres décadas, la “razón de Estado” se impuso claramente en los primeros días del desastre en la central nuclear de Chernóbil, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El tiempo que se perdió en asumir la realidad y en llamar a las cosas por su nombre y explicar lo que realmente estaba sucediendo, cegó la vida de miles de personas, contaminó sectores de Europa a niveles aún desconocidos y trituró el futuro de aquellas familias a las que el propio Estado debería haber protegido.

Esto nos hace ver con toda claridad que los derechos y garantías individuales, entre los que se encuentran la libertad de expresión, la libre información y la transparencia de la cosa pública, constituyen la única defensa para la ciudadanía en su conjunto.

En nuestro país hemos aprendido, luego de lo acontecido en la discoteca Cromañón o la evitable tragedia de trenes de Once, que la corrupción mata. 

Debemos ahora tomar conciencia de que la censura, impuesta o inducida, también mata y recordar en nuestra propia historia aquella famosa frase, en mayo de 1810, expresada a las puertas del Cabildo de Buenos Aires: “El pueblo quiere saber de qué se trata”.