La Policía comenzó a ser más rigurosa en los diferentes controles en la provincia de Corrientes, sobre todo en la Capital correntina. El sábado se implementaron cinco causas judiciales con intervención de la Justicia a personas que no se ajustaron a la emergencia sanitaria dispuesta o bien al aislamiento social preventivo y obligatorio establecido. En tanto que ayer se iniciaron otras ocho causas a personas que no pudieron acreditar ni justificar su presencia en lugares públicos.
Con objeto de dar cumplimiento efectivo a la cuarentena por la emergencia sanitaria, la Policía de Corrientes demoró ayer a 59 personas en la Capital correntina. Se secuestraron 20 motos y cinco bicicletas. En tanto se inició una causa contravencional. Por su parte en el interior de la provincia fueron 59 las personas demoradas.
Desde el Departamento de Relaciones Institucionales informaron que respecto a las personas demoradas en la vía pública, las mismas son trasladadas a dependencias del Departamento de Unidades Especiales DUE, donde personal especialmente afectado para tal fin y con las medidas sanitarias dispuestas, evalúan cada caso en particular y conforme a ello, determinan si la situación amerita una causa judicial, un proceso contravencional o bien otra medida legal según corresponda de acuerdo al Decreto Necesidad y Urgencia (DNU) Nacional N° 260/20, mediante el cual decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio: en concordancia con el Decreto Provincial N° 507/20.
En tanto, según pudo conocer El Litoral, las distintas fiscalías de Instrucción de la capital correntina y de las localidades del interior comenzaron a acercar a los jefes de unidades regionales las directivas a implementar en forma estricta de formalizar causa penal correspondiente a toda persona -sin ninguna clase de distinción- que no cumpla con las normativas legales, todo ello, en pos de conservar la salud y la vida del virus que ya se encuentra entre nosotros y que la única forma de luchar es quedándose en sus respectivos hogares.
Fuentes policiales precisaron a este medio que son 13 las primeras personas a quienes se les iniciaron causas judiciales por los delitos de incumplimiento de órdenes emanadas de funcionario público (art. 239 del CP) y violación de medidas adoptadas por autoridad competente para impedir la propagación e introducción de una epidemia (art. 205 del CP), lo que podría acarrear un máximo de tres años de prisión efectiva en caso de ser declarado responsable, así como la inmediata detención por ser delitos cometidos en flagrancia (art. 286 del CPP y Acuerdo del STJ 31/17). (NG)
