En Corrientes el 65 por ciento de los beneficiarios que percibirán el Ingreso Familiar de Emergencia son trabajadores informales y desempleados. El porcentaje restante, se distribuirá a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, monotributistas y empleadas de casas particulares.
Con una inversión de más de 2.734 millones de pesos, más de 270 mil correntinos percibirán el IFE que se tramita a través de Anses. La asistencia financiera por el aislamiento social preventivo y obligatorio por la emergencia sanitaria alcanzará a aproximadamente un 30 por ciento de los hogares. Se trata de un subsidio de 10 mil pesos para cada uno.
El IFE contempla a unos 179.715 desocupados y trabajadores informales, quienes cobrarán en los próximos días. Estos representan aproximadamente un 65 por ciento del universo.
Además, ya se acreditó a 78.882 titulares de Asignación Universal por hijo y Asignación Universal por Embarazo. También está previsto el pago a 11.975 monotributistas sociales, monotributistas categoría A y B; como así a 2.866 trabajadoras de casas particulares, según informaron desde el bloque del Frente de Todos del Congreso de la Nación.
La cobertura del IFE permite trazar una suerte de mapa de parte de la estructura socio-ocupacional de la provincia, sólo en Corrientes, el aglomerado urbano más grande, aproximadamente el 38 por ciento de los asalariados está en negro.
En la provincia, hasta diciembre de 2019, se contabilizaron más de 75.000 trabajadores en blanco en el sector privado. Es una cifra en descenso, si se compara desde febrero de 2019, según estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación. De acuerdo con esta misma cartera, la construcción y el comercio son los sectores que más emplean. Del total de la población ocupada, el 68 por ciento son asalariados y el 24 por ciento, cuentapropistas, que pueden considerarse como monotributistas.
De acuerdo con informes del Ministerio de Trabajo de la Nación sobre la estructura socio-ocupacional de la provincia, el 40 por ciento de los asalariados se desempeñan en el sector público, de los cuales, un 8 por ciento no estaría registrado; el 47 por ciento en el privado; y el 14 por ciento en casas particulares. En el privado, un poco menos de la mitad no percibirían los descuentos jubilatorios. El número se eleva para el caso de las personas que realizan tareas en casas particulares, al menos el 90 por ciento no está registrado.
(MB)
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